Barberá facilitó la exhumación de restos de 90 judíos del XIV a petición de la comunidad hebrea
Levante - 30/04/2006

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marzo de 1996. Ceremonia de exhumación de restos judíos presidida por un rabino, Barberá y Francisco Camps.

El PP rechaza la petición de los republicanos de respetar una fosa con represaliados por Franco

Julia Damiá, Valencia

Hace exactamente diez años los arqueólogos municipales descubrieron noventa cadáveres de judíos del siglo XIV en un solar de la calle Doctor Romagosa donde Construcciones Ballester había previsto un edificio y tres plantas subterráneas de garaje. El hallazgo llegó a las más altas instancias religiosas de Israel y el Ayuntamiento de Valencia, en contra de las peticiones de los arqueólogos para que se les dejara una parte de ellos con el objetivo de estudiarlos, cedió entonces a las pretensiones de la comunidad israelita y facilitó el traslado de todos los restos judíos a Barcelona.

La actitud del Gobierno local del PP hace diez años, dirigido entonces por la alcaldesa Rita Barberá y el hoy presidente de la Generalitat, Francisco Camps, contrasta con su negativa actual a investigar si en la sección séptima del Cementerio General, donde tiene previsto construir 1.020 nichos, quedan restos de miles de represaliados de la dictadura franquista, tal como denuncia el Fòrum per la Memòria Histórica. Muy al contrario, tal como ha publicado este diario, el ayuntamiento ha dado orden de acelerar la construcción de esos nuevos nichos ante una eventual orden de paralización judicial de las obras, si así lo exigiera el Fòrum.
Con la intención de reconstruir aspectos de la vida de los judíos valencianos, los arqueólogos querían pedir permiso a la comunidad israelita para analizar en el laboratorio los restos de la necrópolis antes de darles sepultura, pero la voz de los israelitas no tardó en hacerse oir y en ser escuchada por Barberá.
El secretario general de la Federación de Comunidades Israelitas de España, Carlos Schorr, bajo el argumento de que «los muertos merecen el mismo respeto que los vivos», explicó que la ley religiosa hebrea sólo permite exhumar los cadáveres de un cementerio judío para llevarlos «a Tierra Santa». Schorr defendió ante el equipo de Gobierno de Rita Barberá en 1996, que los restos encontrados debían conservarse en el mismo lugar o ser trasladados a Israel.
Desde un primer momento el ayuntamiento se mostró dispuesto a intervenir para que la comunidad israelita trasladara los cadáveres. El entonces concejal de Cultura, José Rafael García Fuster, se entrevistó con Carlos Schorr y con el rabino y presidente de la comunidad israelita de Valencia, Samuel Sefarty, y se ofreció para mediar y que «por primera vez se cumplan los requisitos de conservación al descubrirse un cementerio judío».
En 1996, la comunidad israelita y el ayuntamiento acordaron finalmente el traslado de los cadáveres de siete siglos de antigüedad a un cementerio hebreo de Barcelona. Para aceptar esta opción Sefarty exigió una exhumación según el ritual judío -que incluye recoger la tierra de donde se encontraban-, y que se les diera sepultura en un cementerio en funcionamiento.

Patrimonio dio el visto bueno

La Dirección General de Patrimonio, ostentada por Carmen Pérez, dio el visto bueno al traslado en función del acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas que reconoce la inviolabilidad de los cementerios, sin distinguir que éste no estaba en funcionamiento. Días después se trasladaban todos los restos judíos, incluidos otros 66 cuerpos descubiertos en un solar próximo tres años antes, sin que fueran analizados por los técnicos.
El rabino Salomón Cohen dirigió la ceremonia religiosa que acompañó a la exhumación, y en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el concejal de Cultura; el conseller de Cultura, Fernando Villalonga y el entonces primer teniente de alcalde, Francisco Camps. Estos dos últimos lucieron además sobre la cabeza la típica kipá judía.
El conseller de Cultura reconoció entonces que había un «conflicto de intereses», pero que había que sobrepasar las cuestiones arqueológicas y urbanísticas para «respetar las creencias religiosas por encima de todo». Ahora, la petición del Fòrum per la Memòria de que se investiguen los restos de republicanos antes de construir los nichos es ignorada por el gobierno local.