LAS COMISIONES DE LA VERDAD
EN AMÉRICA LATINA
Esteban Cuya
Nürnberger Menschenrechtszentrum
|
Indice
Introducción.
La mayoría de las sociedades latinoamericanas experimentaron
en las últimas cuatro décadas permanentes situaciones
de violencia y conflictos internos, a causa de graves
condiciones de injusticia y desigualdad económica y
social. Ante esto, las frágiles democracias latinoamericanas,
siguiendo los mandatos de los estrategas instalados
en Washington D.C., cedieron el poder a cúpulas militares
portadoras de una vocación mesiánica. De esta forma,
el fantasma de la dictadura militar se instaló con mucha
facilidad en los Estados desunidos del Sur, reemplazando
a los débiles gobiernos constitucionales, no necesariamente
democráticos.
El poder militar se entronó en 1954 en Paraguay,
en 1964 en Brasil, y poco después en Perú, (1968),
Uruguay, (1972) Chile (1973), Argentina, (1976) Bolivia,
entre otros países. Por esta razón, los nombres de
los generales Alfredo Stroessner, Rafael Videla, Augusto
Pinochet, el coronel Hugo Banzer, y el civil José
María Bordaberry, se hicieron conocidos para miles
de víctimas de sus gobiernos, así como para muchos
hombres y mujeres solidarios que en diversas partes
del mundo se esforzaron para denunciar sus atrocidades
y sus numerosas violaciones a los derechos humanos.|1| En
algunos países, gobiernos elegidos democráticamente
se ponían bajo la tutela militar, tal como ocurrió
en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los regímenes militares no solo aspiraban a eliminar
las señales de una supuesta subversión en sus países,
sino a construir estructuras económicas y políticas
tendientes a la modernización y el desarrollo de sus
sociedades en el marco de la doctrina de la "Seguridad
Nacional".|2|
Como modernización se entendía la implantación del
capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica,
al que se le consideraba como el único modelo posible
para las naciones latinoamericanas.
Tal como lo sostiene el periodista Daniel Samper
Pizano, el nuevo tipo de dictadura latinoamericana,
nació a mediados de los años sesenta en Brasil, "con
la meta de promover un desarrollo capitalista acelerado,
dentro de patrones elaborados por economistas teorizantes
de EE.UU. que requieren como condición un estricto
control social". "Para ello, agrega es preciso dividir
al país de manera maniquea entre los que están con
el régimen y los que no están con él. A estos últimos
se les equipara a subversivos o cómplices de la subversión,
y en la larga lista de sospechosos quedan inscritos,
automáticamente, sindicatos, agremiaciones campesinas,
intelectuales y estudiantes. La prensa es sometida
a una estricta censura. Los militares se convierten
en una casta de poder."|3|
Muy acertadamente Horacio Verbitsky, aseguró sobre
el proceso argentino, que "Los militares que en 1976
capturaron el poder y en tres años consiguieron su
objetivo de eliminar a las guerrillas montoneras y
del ERP, se proponían instaurar un nuevo orden que
recién al filo del siglo XXI cedería paso a los civiles,
organizados en partidos distintos de los del pasado."
Según Verbitsky, en la visión de los militares, "La
economía florecería en pocas y grandes unidades modernas
y la Lucha Contra la Subversión sería cantada como
una gesta continuadora de las campañas de la emancipación
y de la conquista del desierto, un regreso vital a
las fuentes de la nacionalidad, con la cruz y la espada
en alto".|4|
En el contexto de la "Guerra Fría" entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética todo aquel que se oponía
a la construcción de ese proyecto político económico
era considerado como enemigo de la patria, y por lo
tanto, tenía que ser perseguido y eliminado. Entonces,
en América Latina, las torturas, los secuestros, las
desapariciones forzadas, el genocidio, el destierro,
se convirtieron en una realidad cotidiana que envolvió
a miles de personas en el contexto de sociedades militarizadas
controladas por medio del terror.
Los regímenes dictatoriales se prolongaron en algunos
países por varias décadas, con el propósito de concretar
sus proyectos de Estados fuertes y modernos: En Paraguay:
Stroessner, (1954-1991). En Chile: General Augusto
Pinochet, (1973-1990). En Argentina: Videla, Viola,
Galtieri, (1976-1982). En Uruguay: Jorge Pacheco Areco,
y José María Bordaberry (1966- 1985).
El aislamiento. Internacional por sus violaciones
a tos derechos humanos y a los convenios de la ONU,
la lucha permanente y sacrificada de la resistencia
interna, él desgaste generalizado por la corrupción
institucional, entre otros hechos, determinaron, el
alejamiento político de los militares, y la devolución
del poder a los civiles. Luego de estos periodos tan
Convulsionados, de dictaduras militares, terrorismo
de Estado y violencia insurgente, a mediados de los
años 80 América Latina comenzó a transitar hacia regímenes
democráticos. A la caída de Videla y Cia., siguió
la caída de García Meza y Banzer, de Pinochet; de
Stroessner, entre otros.
Borrón y cuenta nueva?
Con el retorno de los civiles a la conducción del Estado,
surge el crucial debate sobre qué hacer con los responsables
de las violaciones a los derechos humanos y al derecho
humanitario. Cómo reconstruir las sociedades maltratadas,
cómo restablecer la paz, cómo buscar la reconciliación
nacional, sin hacer justicia?.
Generalmente los propios regímenes militares, antes
de dejar el poder, trataron de cerrar la etapa de
la historia que ilegítimamente dirigieron y procuraron
neutralizar cualquier posibilidad de enjuiciamiento
posterior de sus actos de gobierno y de sus violaciones
a los derechos humanos. Con la ilusión de borrar el
horror de sus acciones, y con la pretensión del olvido
y de la impunidad, estos regímenes dictatoriales,
al final de su mandato o los gobiernos que les sucedieron,
dictaron leyes de "Obediencia debida", "Caducidad"
"Punto Final", "Amnistía", etc.
De esa forma pretendían ignorar que el derecho a
la justicia es un derecho humano, anterior y superior
a la autoridad del Estado, de carácter universal,
del cual depende la seguridad jurídica de las personas,
el orden social y la paz. Querían desconocer que los
delitos de lesa humanidad son imprescriptibles
y que no pueden, en ningún caso, ser objeto de amnistía.
En algunos casos, el juicio a los que detentaron
el poder formó parte de la oferta electoral de los
movimientos que pretendían suceder a los militares
en la conducción del país. En la práctica, "para salvar
a la democracia", se renunciaría a este compromiso.
No resulta fácil sacudirse de las estructuras militares,
judiciales y políticas que apoyaron a los regímenes
totalitarios, y que aun en los nuevos períodos democráticos
permanecen fuertes e intactas.
Pero el clamor de justicia de los familiares de las
víctimas, así como la lucha de algunos abogados, periodistas,
religiosos, magistrados, políticos y activistas internacionales
de solidaridad, han conducido a la creación de comisiones
investigadoras de la verdad. Así se crearon, desde
instancias del poder oficial, en Argentina, la CONADEP,
(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas);
en Chile, la "Comisión de Verdad y Reconciliación";
y en El Salvador, la "Comisión de la Verdad". En otros
casos, como ocurrió en Brasil, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, las Comisiones de la Verdad, surgieron como
una opción ética, un esfuerzo directo, a veces clandestino,
de los activistas y organismos de derechos humanos,
sin contar con el mandato gubernamental.
Verdad, Justicia, Reconciliación.
Los responsables de las violaciones a los derechos humanos,
así como ciertos sectores no golpeados por la violencia
oficial, proponen llegar pronto a la reconciliación
de la sociedad, para reconstruir el país. Aquí no les
interesa para nada saber la verdad de los hechos. Mucho
menos que se haga justicia. Desconocen que en 1985 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció
que "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de
conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones
y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron
a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan
a ocurrir en el futuro." Además, tienen temor de escarbar,
remover el pasado, agitar las aguas. El fantasma de
la dictadura militar sigue presente como una amenaza
latente.
Los familiares y amigos de las víctimas, los grupos
de derechos humanos, y algunos sectores de la sociedad
reclaman el conocimiento de la verdad y la aplicación
de la justicia como pasos previos a la reconciliación
nacional. Como lo indica Luis Pérez Aguirre, "Se ha
dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado
es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros
nos preguntamos, por quien y cuándo se cerraron esas
heridas. Ellas están abiertas y la única manera de
cerrarlas será logrando una verdadera reconciliación
nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia
respecto de lo sucedido. La reconciliación tiene esas
minimas y básicas condiciones."|5|
El jurista peruano Carlos Chipoco, precisa, además,
que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios
jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa,
oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda
de la verdad es importante, por un deber moral hacia
las víctimas, los familiares y los deudos, para descubrir
y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia
y el control ciudadano de las instituciones públicas
y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente,
Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad
es importante para abrir la posibilidad del perdón
y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho
Internacional.|6|
El derecho a la verdad es parte de la reparación
del daño ocasionado por los agentes del Estado, reparación
que además debe incluir medidas de carácter económico,
social, médico, jurídico, para tratar de reivindicar
la memoria de las victimas y aliviar en parte la tragedia
ocasionada a los familiares afectados.
En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra
Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo
conceptual respecto a lo que se entiende por reparación.|7| Aclara
que generalmente las instancias gubernamentales han
entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando
las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos
jurídicos, éticos, sociopolíticos y psicosociales,
hecho que ha generado en las víctimas fuertes sentimientos
de frustración y desencanto, estados psicoemocionales
que han hecho abortar en gran medida los esfuerzos
de reparación en curso.
La acrobacia política permite que los gobiernos de
transición atiendan, en cierta medida, las exigencias
de justicia y de reconciliación, prefiriendo esta
última, como garantía de "estabilidad democrática".
Por eso ponen más empeño en favorecer la impunidad
de los violadores de los derechos humanos, volviendo
a agredir así, en nombre de la reconciliación, a los
familiares de las víctimas.
Qué son las Comisiones de la Verdad?
Las Comisiones de la Verdad son organismos de
investigación creados para ayudar a las sociedades que
han enfrentado graves situaciones de violencia política
o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su
pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas
generados por la violencia y evitar que tales hechos
se repitan en el futuro cercano.
A través de las Comisiones de la Verdad se
busca conocer las causas de la violencia, identificar
a los elementos en Conflicto, Investigar los hechos
más graves de violaciones a los derechos humanos y
establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar
las estructuras del terror, sus ramificaciones en
las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas,
Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores
inmersos en esta problemática. Esta investigación
abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las
víctimas, proponer una política de reparación del
daño, e impedir que aquellos que participaron en las
violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo
con sus funciones públicas, burlándose del Estado
de derecho.
Cómo nacen las Comisiones de la Verdad?
En algunos de los casos la búsqueda de la verdad surge
como un proceso legal, o formal, "encargado" por los
gobiernos, bajo la presión de los grupos defensores
de los derechos humanos, a un grupo de expertos; tal
como se hizo en Argentina, Chile y El Salvador. En estos
países, las Comisiones de la Verdad se crearon, tras
exigencias masivas, por mandato legal, después de negociaciones
y acuerdos políticos.
Generalmente las Comisiones de la Verdad surgen en
vista de la probada inefectividad del Poder judicial
para sancionar las numerosas violaciones a los Derechos
Humanos. En los países sometidos a regímenes autoritarios,
el Poder Judicial generalmente se convierte en un
apéndice del poder ejecutivo y no tiene capacidad
para juzgar independientemente los crímenes de los
agentes del Estado. Finalmente quienes deben velar
por la justicia se hacen Cómplices del terror oficial.|8|
En casi todos los países del continente americano
son diversos los casos de abdicación del Poder Judicial
ante la prepotencia de los gobiernos y de las FF.AA.
Por esta causa, flagrantes violaciones a los derechos
humanos quedan en la más absoluta impunidad. Como
prueba de esto podemos mencionar los siguientes casos:
- la masacre de cerca de 115 guerrilleros, jueces
y otros civiles en el Palacio de Justicia de Colombia,
luego del asalto efectuado por el M-19, en Bogotá,
el 6 de noviembre de 1985, según informó el Ministro
de Defensa, Gral. Miguel Vega Uribe.|9|
- La masacre de cerca de 300 inculpados acusados
de terrorismo en tres cárceles de Lima y Callao,
en el Perú. Lima, 18 y 19 de junio de 1986. Después
de una farsa de Juicio, se dieron castigos mínimos
a los agentes subalternos que participaron en la
masacre.
- El asesinato de más de 100 indígenas wayuu, en
la cárcel de Maracaibo, Venezuela, el 3de enero
de 1994, según denunció Amnistía Internacional.|10|
En otros casos, las comisiones de la verdad nacen
como fruto del trabajo solidario de las organizaciones
de derechos humanos, que para investigar los graves
hechos de violencia oficial desarrollan un esfuerzo
casi clandestino. Así ocurrió en Brasil, con el trabajo
de la Arquidiócesis de Sao Paulo, que bajo la dirección
del Cardenal Evaristo Arns elaboró el Informe Brasil
Nunca Más. En Paraguay el Comité de Iglesias
para Ayudas de Emergencias, CIPAE, también publicó
una serie de investigaciones sobre la dictadura de
Stroessner, bajo el Título Paraguay Nunca Más.
En esta misma perspectiva pueden ubicarse los
esfuerzos del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay,
con su Informe: Uruguay Nunca más, y del colectivo
de organizaciones colombianas y extranjeras que publicaron
un valioso Informe titulado:
"El terrorismo de Estado en Colombia".
Pero han habido casos en donde las Comisiones
de la Verdad se crearon con fines encubridores, para
procurar darle un respaldo moral a la "verdad" oficial.
Así pasó en el Perú con la "Comisión Uchuraccay",
presidida por el escritor Mario vargas Llosa en 1983
y que investigó la masacre de ocho periodistas y un
gura que los acompaño.
La Metodología de Trabajo de las Comisiones de La
verdad.
Buscar la verdad de las violaciones a los derechos humanos,
cuando los acontecimientos están aún muy cercanos, por
cierto implica muchos riesgos, tanto para los investigadores,
como para los informantes, testigos, familiares. La
injustificada sospecha de que los activistas de derechos
humanos apoyan a la subversión, así como el temor de
que sus organismos cuenten en su archivo con materiales
relacionados a la historia de la violencia policial
y militar, muchas veces ha llevado a las autoridades
militares a precipitados allanamientos de las sedes
de estos organismos y a la detención, o desaparición
de los luchadores de derechos humanos. Esta agresión
directa contra los organismos de derechos humanos fue
una norma de casi todos los gobiernos en América Latina.
.
En Argentina, las autoridades militares, con apoyo
judicial, allanaron las sedes de la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico de Derechos
Humanos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales,
CELS y detuvieron a varios de sus miembros. Las Fuerzas
Armadas y policiales, en los años de las dictaduras,
allanaron los locales de la Vicaría de Solidaridad
de Chile, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay,
así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y Defensa de la Democracia, y la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos, de Bolivia, (En esa ocasión asesinaron
al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz).
Igualmente allanaron las sedes de la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador, el Servicio de Paz
y Justicia de Ayacucho, Perú; entre otros organismos.
La historia de la lucha por los derechos humanos nos
enseña que cada organismo debe estar prevenido para
que cuando la fiera lo ataque, sus daños se reduzcan
a lo mínimo. Hay que mantener normas básicas de seguridad
para proteger a los colaboradores, y también la documentación
testimonial y los archivos, conservando copias dobles
del material y ubicándolos en lugares en donde no
sea posible que los cuerpos oficiales lo encuentren
fácilmente.
En muchos casos, por el lado de las víctimas, existe
abundante material documental, en forma de denuncias
legales, recursos jurídicos, Actas y protocolos de
necropsia, testimonios ante jueces y fiscales, que
también deben ser archivados por los organismos de
derechos humanos.
Seguramente el testimonio de sobrevivientes de operaciones
militares así como los informes de los testigos y
familiares de las víctimas, son algunos de los más
valiosos recursos para avanzar en la obtención de
la verdad. Estas personas requieren de una protección
especial, hasta que la paz y la reconciliación nacional
se hayan consolidado. En el Perú, así como en El Salvador,
son numerosos los casos de testigos de violaciones
de los derechos humanos que fueron desaparecidos o
asesinados poco tiempo después de haber informado
a los medios periodísticos o a las comisiones investigadoras
oficiales.
Durante el proceso de investigación y elaboración
del Informe Brasil Nunca Mas, el grupo de trabajo
adoptó muchas medidas de seguridad, para no dejar
huellas de lo que estaban haciendo. Además de usar
casas fuera de la capital del país, y de tener copias
dobles de los documentos, en sus comunicaciones orales
y escritas emplearon un lenguaje cifrado, codificado,
sólo entendible por ellos. El "Chocolate" era el término
que se empleaba para referirse a los documentos secretos.
La documentación fue microfilmada y procesada dos
veces, para que una copia fuese guardada, sin riesgos,
fuera del país. Se aprovechó el viaje al extranjero
de personas con rango diplomático para transportar
las copias microfilmadas y los recursos para el financiamiento
de la investigación.
La ONUSAL apoyo a la Comisión de la Verdad en El
Salvador, facilitando equipos electrónicos para la
distorsión de la voz y el aislamiento de las ondas
sonoras. De esa manera se trataba de proteger la identidad
de los informantes y sus testimonios. Por otro lado,
ante el temor de intimidación militar a los informantes,
las entrevistas se realizaron muchas veces en sedes
diplomáticas o en lugares reservados, lejos de los
ojos y las orejas militares.
A nivel oficial, los organismos de derechos humanos
o las comisiones de la verdad, algunas veces han logrado
la cooperación de los jueces y fiscales de las diversas
regiones fuera de la capital, para elaborar un diagnóstico
más exacto del número de víctimas de violaciones de
los derechos humanos. En el Perú, por ejemplo, una
Fiscalía Provincial registró, documentadamente, una
cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos
en 1993, que casi duplicaba el balance anual nacional
establecido por los grupos de derechos humanos.
Aunque resulta sumamente difícil, también es posible
obtener documentos confidenciales que circulan al
interior de las Fuerzas Armadas y Policiales, en forma
de Tesis, órdenes, planes de acción, estrategias,
doctrina y filosofía de guerra interna, etc. sus propias
publicaciones (revistas boletines, libros) son una
fuente que no hay que desechar. Su vanidad les lleva
a exponer allí sus puntos de vista, justificando las
violaciones a los derechos humanos, e informar de
los ascensos otorgados por "servicios especiales a
la patria", y presentar a sus guerreros conductores.
Aunque son raros, en diversos países han habido casos
de efectivos militares y policiales, que discrepan
con la guerra sucia, o que tienen remordimientos de
conciencia, o se sienten traicionados por sus jefes,
y que han aportado una valiosísima información sobre
las estructuras oficiales del terror. Sin embargo,
aquí debe actuarse con suma cautela, por los riesgos
de infiltración policial o militar en el trabajo de
los grupos de derechos humanos.
A pesar de los problemas de censura, los medios de
prensa diaria pueden ser una valiosa fuente de información
para las investigaciones de la Comisión de la Verdad,
pues ahí se registran los partes de guerra, los casos
de detenciones, las denuncias de torturas, asesinatos,
etc. Igualmente se ha encontrado valiosos datos en
publicaciones gremiales de los sindicatos, las universidades,
los grupos religiosos, entre otros.
Organismos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía
Internacional, también pueden aportar muy valiosa
información sobre las víctimas de los abusos y los
presuntos responsables. En algunos países las comisiones
de la verdad obtuvieron de las delegaciones diplomáticas
abundante material sobre las violaciones a los derechos
humanos. Los documentos suministrados por la Embajada
de Estados Unidos en San Salvador, por ejemplo, dieron
bastantes evidencias sobre los escuadrones de la muerte
que actuaban con apoyo de la Central de Inteligencia
Americana y del Ejército salvadoreño en los años 80.
Las comunidades de exiliados dispersos por todo el
mundo también conservan un importante caudal de información,
en forma de cartas, boletines, recursos jurídicos,
y otros documentos sobre casos de violaciones a los
derechos humanos que se conocen muy poco dentro del
país.
El Desarrollo de las
Comisiones de la Verdad
A. Comisiones Oficiales.
1. Argentina
Comisión Nacional solare la Desaparición de Personas.
CONADEP.
Tras su fracaso en la política económica, y la derrota
en la guerra de Las Malvinas, además del gran repudio
internacional por sus graves violaciones a los derechos
humanos, a fines de 1983 los militares argentinos se
vieron forzados a devolver el poder a los civiles.
En Argentina, los derechos humanos de miles de personas
fueron violados en forma orgánica y estatal por la
represión de las Fuerzas Armadas, que usaron una "tecnología
del infierno" según se pudo comprobar por las miles
de denuncias y testimonios de las víctimas. Los organismos
de derechos humanos establecen en cerca de 30,000
personas el número de desaparecidos y asesinados en
la guerra sucia.
Tal como lo dijo en su oportunidad el presidente
Raúl Alfonsín, después de esta etapa de tanta violencia,
"No puede haber un manto de olvido. Ninguna sociedad
puede iniciar una etapa sobre una claudicación ética
semejante". Por eso, uno de los primeros actos constitucionales
del presidente Alfonsín, fue crear la Comisión de
la Verdad, llamada Comisión Nacional para la Investigación
sobre la Desaparición de Personas, CONADEP a la que
le encargó investigar las violaciones a los derechos
humanos ocurridas entre 1976 y 1983, el período de
las dictaduras militares.
Entonces, poco a poco, la población argentina fue
conociendo de una manera más global los horribles
sucesos que en su debido momento se negó a aceptar
que realmente estuvieran aconteciendo en el país.
"Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar
produjo la más grande tragedia de nuestra historia,
y la más salvaje", aseguró después la CONADEP en su
Informe "Nunca Más".
Al inicio de su gobierno, las nuevas autoridades
civiles procesaron a los nueve Comandantes Generales
de las FF.AA., del llamado "Proceso de Reconstrucción
Nacional": generales Jorge Rafael Videla, Roberto
Viola, y Leopoldo Galtieri; los Brigadieres Orlando
Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los
almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, y
Jorge Isaac Anaya. Se consideró que en su condición
de jefes supremos conocieron e impulsaron los planes
de exterminio de los presuntos "subversivos".
Alfonsín ordenó procesar judicialmente a nueve ex
comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,
"por haber sembrado el dolor, el terror y la muerte",
pero, como informó Horacio Verbitsky, "confió la tarea
al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas". Ante esto,
el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquives sostuvo
que "el gobierno actuó con excesiva cautela, para
no irritar a los militares".
El ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado,
acusado de ordenar el secuestro de dos soldados conscriptos,
cuando era director del Colegio Militar. También se
encarceló al almirante Chamorro, por su actuación
como jefe del campo de concentración de la Escuela
de Mecánica de la Armada, ESMA; el general Ramón Camps,
por haberse jactado de su participación en miles de
casos de desapariciones políticas y al ex comandante
del primer cuerpo del Ejército, general Guillermo
Suárez Masón.
Para terminar el debate sobre los miles de desaparecidos,
las Fuerzas Armadas, en su Acta Institucional, manifestaron
que "únicamente el juicio histórico podrá determinar
con exactitud a quien corresponde la responsabilidad
de métodos injustos o muertes inocentes", y que todas
las acciones realizadas en la guerra constituyeron
"actos de servicio". Además, públicamente proclamaron
su deseo de que los enemigos desaparecidos y muertos
"reciban el perdón de Dios".|11|
La CONADEP. Decreto Ley de creación: D.L. 187/83
del 15 de diciembre de 1983. Período de investigación:
9 meses.
Miembros de la CONADEP:
Ernesto Sábato. (Escritor)
Jaime F. de Nevares. (Obispo de Neuquén)
Marshall T. Meyer. (Rabino Judío)
Ricardo Colombres.
René Favarolo.
Hilario Fernández Long.
Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista)
Gregorio Klimovsky.
Eduardo Rabossi.
Magdalena Ruiz de Guiñazu.
Santiago Marcelino López. (Diputado)
Hugo Diógenes Piucill. (Diputado)
Horacio Hugo Huarte. (Diputado)
Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar
conflictos en el Congreso, donde la tendencia mayoritaria
era asignar las investigaciones sobre los desaparecidos
a una comisión interna. Era tanto el temor a los militares
que el Senado no cumplió con designar sus tres representantes
para la CONADEP, como sí lo hicieron los diputados.
La CONADEP, desde el inicio de su trabajo enfrentó
muchas dificultades, que pudo superarlas, gracias
al apoyo decidido de las entidades nacionales e internacionales
de derechos humanos. Los primeros colaboradores rentados
de la CONADEP, que cumplían su jornada trabajando
aún en días feriados y fines de semana, muy pronto
abandonaron su labor, abrumados y quebrantados por
los horrores que día a día fueron conociendo por el
testimonio directo de las víctimas de la represión.
Gracias al empeño de Ernesto Sábato y la presión
de los organismos de derechos humanos, algunos miembros
de la Comisión tuvieron la posibilidad de viajar al
extranjero y recibir denuncias de los exiliados argentinos
en Estados Unidos, Francia, Suiza, España, México,
entre otros países. La CONADEP logró el apoyo de la
Cancillería, que habilitó "oficinas de denuncias"
de desapariciones durante la dictadura militar, en
la mayoría de las sedes diplomáticas argentinas dispersas
por el mundo. Las repercusiones del trabajo de la
Comisión en los periódicos y la televisión europeos
animó a muchos exiliados a cooperar con las investigaciones.
Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones,
sus miembros fueron insultados y amenazados por los
agentes de la represión, que los acusaron de "activar
los odios y resentimientos, impedir el olvido, y no
propiciar la reconciliación nacional".
La CONADEP, luego de nueve meses de trabaJO en los
que reunió más de 50,000 páginas de testimonios y
denuncias; en noviembre de 1984 publicó su Informe,
con el Título: "Nunca Más. Informe de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas".
Allí dio cuenta de la desaparición de 8,960 personas,
según denuncias debidamente documentadas y comprobadas.
La CONADEP dejó abierta la posibilidad de que el balance
final de las víctimas aumentara, pues muchos otros
casos quedaron en la etapa de investigación y verificación
de los datos, por lo que la cifra de 8,960 desaparecidos
no puede considerarse definitiva. El 80 % de las víctimas
de los militares argentinos tenían entre 21 y 35 anos
de edad.
El Informe señala que en Argentina existían 340 centros
clandestinos de detención, dirigidos por altos oficiales
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí los detenidos
eran alojados en condiciones infrahumanas, y sometidos
a toda clase de humillaciones. También indica que
"De algunos de los métodos de tortura empleados en
esa guerra interna no se conocían antecedentes en
otras partes del mundo". En esos años de la dictadura
militar, las técnicas de tortura argentina se exportaron
a otros países del continente.
La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales
de las Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció
un "Pacto de Sangre", que implicaba la participación
de todos en las violaciones a los derechos humanos.
A causa de esto, cuando algún miembro de esas fuerzas
trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto
lo convertían en una víctima más. La Comisión comprobó
que "Todo signo de discrepancia dentro de las FF.AA.
y de Seguridad con los métodos utilizados para la
detención y eliminación de personas fue sancionado
de modo brutal. Brindar alguna información a los familiares
de detenidos-desaparecidos sobre su localización,
estado físico o destino era equivalente a la muerte.
Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre
las propias filas sobre los operativos realizados,
sancionándose con el mayor rigor cualquier signo de
humanidad que pudiera tenerse con el prisionero".|12|
El Informe "Nunca Mas" indica que miles de personas
fueron exterminadas, habiéndose destruido previamente
sus cuerpos para evitar su posterior identificación.
"No se cometieron excesos, si se entiende por ello
actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades
fueron práctica común y eran actos normales y corrientes
efectuados a diario por las fuerzas represivas"
También la CONADEP difundió una lista de 1351 represores,
entre ellos diversos médicos, jueces, periodistas,
obispos y sacerdotes católicos que actuaron como Capellanes
de los militares y que colaboraron con ellos en la
guerra sucia. En la lista de represores aparecen,
entre otros, el Obispo Pío Laghi, Nuncio Apostólico
del Estado Vaticano en Argentina, el ex Obispo de
La Plata, Antonio Plaza, el Monseñor Emilio Graselli,
el sacerdote Christian Von Wernich, el capellán Pelanda
López, y el Monseñor Adolfo Tórtolo, Vicario de las
Fuerzas Armadas.
Pese a las investigaciones de la Comisión, y las
denuncias de los grupos de derechos humanos en Argentina,
el Congreso ascendió a cientos de militares involucrados
en secuestros, torturas y desapariciones forzadas,
y que aparecían en la lista de la CONADEP como violadores
de los Derechos Humanos. Incluso Asaz, el asesino
de dos monjas francesas, fue ascendido. "Sabe cuantos
Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz", dijo
el contraalmirante (r) Horacio Mayorga, ex jefe de
la base naval de Trelew, en una entrevista en 1985.
"Los oficiales de la ESMA eran personas austeras que
mataban por la Patria", agregó.|13| Igualmente
fueron ascendidos el ex director de la ESMA, capitán
de Navío José María Arriola; el ex director de la
Escuela de Submarinos de Mar de Plata, capitán de
Navío Roberto Pertussio; los tenientes coroneles Óscar
Bianchi y Athos Rhenes, que intervinieron en diversas
masacres a civiles indefensos, y el coronel Julio
César Durand, quien dirigió la intervención argentina
en el Golpe de Estado de 1980 en Bolivia.
El ex capitán de la Armada (r) Francisco Scilingo,
en declaraciones al periodista Horacio Verbitsky,
en marzo de 1995, confirmó que cerca de 2,000 presos
políticos de la dictadura fueron asesinados por oficiales
de la Marina, que los arrojaron vivos al mar, después
de haber sido drogados. Algunos altos representantes
de la iglesia católica conocían sobre estos hechos,
pero en vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos
horribles crímenes. Scilingo afirmó que los sacerdotes
católicos se encargaban de tranquilizar el espíritu"
de los oficiales que participaban en tales crímenes,
pues regresaban de cada Vuelo" con un fuerte remordimiento
de conciencia. "El capellán de la ESMA... me hablaba
que (el vuelo) era una muerte cristiana, porque (los
presos) no sufrían, porque no era traumática, y que
habla que eliminarlos; que la guerra era la guerra,
que incluso en la Biblia está prevista la eliminación
del yugo del trigal. Me dio cierto apoyo", declaró
Scilingo.|14|
También se llegó a saber que una isla que pertenecía
a la Iglesia Católica fue prestada a la ESMA, para
que los oficiales de la marina lo usaran como Campo
de Concentración.|15| Allí
se trasladaba a los presos políticos, cada vez que
las comisiones de las Naciones Unidas, la OEA, Amnistía
Internacional o de otros organismos visitaban la ESMA
para investigar las graves denuncias de tortura.
La CONADEP tomó la iniciativa de presentar varias
recomendaciones a los distintos poderes del Estado,
"con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente
evitar la repetición de Conculcaciones de los derechos
humanos". Entre sus propuestas incluyó: la continuación
de las investigaciones por la vía judicial, la entrega
de asistencia económica, becas de estudio y trabajo
a los familiares de las personas desaparecidas; y
la aprobación de normas legales que declaren como
crimen de tesa humanidad la desaparición forzada
de personas. Igualmente, la CONADEP recomendó la enseñanza
obligatoria de los derechos humanos en los centros
educativos del Estado, tanto civiles como militares
y policiales, el apoyo a los organismos de derechos
humanos, y la derogatoria de toda la legislación represiva
existente en el país. Muchas de estas recomendaciones
están aún pendientes de llevarse a la práctica. Y
la dolorosa verdad sigue aflorando, como un trauma
colectivo que exige una terapia integral.
2. Chile
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
Tras la derrota moral y política de Pinochet el pueblo
de Chile eligió como Presidente a un miembro moderado
de la oposición, quien había anunciado su compromiso
ineludible con la defensa de los derechos humanos.
Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio
Aylwin, mediante el Decreto Supremo No. 355 del 24
de abril de 1990, creó la Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación, con el objetivo de Contribuir al
esclarecimiento global de la verdad sobre las más
graves violaciones a los derechos humanos cometidas
en los últimos anos, con el fin de colaborar a la
reconciliación de todos los chilenos".
Se designó como miembros de la Comisión a:
Raúl Rettig Guissen (Presidente)
Jaime Castillo Velasco
José Luis Cea Egaña
Mónica Jiménez de la Jara
Laura Novoa Vásquez
José Zalaquett Daher
Ricardo Martín Díaz
Gonzalo Vial Correa
Los dos últimos habían sido funcionarios del gobierno
del dictador Pinochet.
La tareas que se le encomendó a la Comisión de Verdad
fueron:
- "Establecer un cuadro, lo más completo posible,
sobre los graves hechos de violación a los derechos
humanos, sus antecedentes y circunstancias.
- Reunir información que permita individualizar
a sus víctimas y establecer su suerte o paradero.
- Recomendar las medidas de reparación y reivindicación
que estimara de justicia, y
- Recomendar las medidas legales y administrativas
que a su juicio deberían adoptarse para impedir
o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves
a los derechos humanos".
Se determinó que se investiguen a los hechos con
resultado de muerte o desaparición ocurridos entre
el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990
bien sea dentro del país o en el extranjero". Toda
la investigación debió hacerse en un plazo de nueve
meses, del 9 de mayo de 1990 al 9 de febrero de 1991.
Más de 60 personas de los diversos organismos nacionales
e internacionales de derechos humanos colaboraron
y trabajaron a tiempo completo para el procesamiento
de las informaciones obtenidas por la Comisión. Entre
ellos, cabe destacar el valioso trabajo que cumplieron
Jaime Castillo Velasco y José Zalaquet Daher. Domingo
Namuncurá, un líder del SERPAJ, fue designado Asesor
Presidencial en Derechos Humanos.
La Comisión recibió a más de 3,400 familiares de
desaparecidos y asesinados que presentaron múltiples
casos, de los cuales 644 quedaron fuera de su competencia.
También consultó archivos de más de 100 organizaciones
de derechos humanos, académicas, políticas y religiosas.
Los miembros de la Comisión, además de investigar
dentro del país, tuvieron la oportunidad de viajar
al extranjero, con el propósito de entrevistar a víctimas
de la represión así como a familiares directos de
los detenidos-desaparecidos y otros tipos de víctimas
de la dictadura pinochetista.
Las sedes de las gobernaciones e intendencias provinciales
dentro del país, así como las Embajadas y Consulados
chilenos en el exterior sirvieron para la recepción
de denuncias de desapariciones. Muchos estudiantes
de las facultades de derecho colaboraron muy eficazmente
para asesorar a los familiares de las víctimas en
la presentación de sus denuncias. Después hubo necesidad
de contratar asistentes sociales, pues los familiares
de las víctimas, al hacer memoria de los sucesos ocurridos,
caían en profundas crisis emocionales.
A sus demandas de informaciones sobre las víctimas
de la dictadura chilena respondieron favorablemente
los hospitales, y el Registro civil, pero la gendarmería
y las Fuerzas Armadas, aunque respondieron a un 70
% de las cartas enviadas por la Comisión, casi siempre
manifestaban que los documentos sobre los detenidos-desaparecidos
"ya habían sido incinerados o destruidos, en cumplimiento
de disposiciones jurídicas".
Sólo una mínima parte de los 160 miembros de las
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que la Comisión
quiso interrogar, prestó su colaboración, aunque aportaron
pocas informaciones. La mayoría de los oficiales y
agentes, según las respuestas de los ministros respectivos,
ya habían sido dados de bajas o no aparecían como
miembros de esas fuerzas.
Las normas nacionales e internacionales de los derechos
humanos, así como las leyes de guerra o del derecho
internacional humanitario formaron parte del marco
jurídico con el cual trabajó la Comisión al analizar
los distintos hechos de violencia.
El Resultado final de las investigaciones de la Comisión
fue un Informe de tres partes:
- Primera parte: Relación de los hechos de violaciones
de los derechos humanos, hasta la página 1094
- Segunda parte: Recomendaciones para reparar el
daño: Págs. 1,096 hasta 1,168.
- Tercera parte: "Víctimas", Volumen de 635 páginas,
con una reseña biográfica de las 2,279 personas
respecto de las cuales la Comisión se formó una
Convicción de que murieron o desaparecieron como
víctimas de la violación a sus derechos humanos,
entre ellos 132 miembros de las fuerzas del orden.
También se investigó, aunque no muy profundamente,
la actuación de los partidos políticos legalmente
reconocidos en los hechos de violencia, especialmente
en el Golpe de Estado, así como el rol que cumplieron,
entre otros, las iglesias cristianas, los medios de
comunicación, los partidos políticos, los profesionales
y sus organismos gremiales.
La Comisión analizó el rol de los familiares de las
víctimas, de las organizaciones defensoras de los
derechos humanos, y la reacción de la comunidad internacional
a través de la ONU, la OEA, el ACNUR; la Comisión
internacional de Juristas, la Cruz Roja y Amnistía
Internacional, que a lo largo de la dictadura emitieron
numerosos informes denunciando las graves violaciones
a los derechos humanos en el régimen de Pinochet.
Con todas sus investigaciones, la Comisión de la
Verdad comprobó el poder omnímodo del que gozaba la
DINA |16| y
estableció que "Se trataba de un organismo cuyo funcionamiento
en la práctica fue un secreto y por encima de la ley,
su organización interna, composición, recursos, personal
y actuaciones escapaban no sólo del conocimiento público
sino también del control efectivo de la legalidad.
Más aún, la DINA fue efectivamente protegida de todo
control, no sedo del que pudieran haber ejercido el
Poder Judicial, altos oficiales de las FF.AA., e incluso
del de la Junta de Gobierno; en efecto, aunque formalmente
la DINA dependía de la Junta de Gobierno, en la práctica
respondió solamente ante la Presidencia de la Junta
de Gobierno, más tarde Presidencia de la República".
Agrega el Informe de la Comisión de la Verdad, que:
"Este organismo, en el hecho secreto, y así libre
de controles e injerencias, tenía la amplia misión
de reunir y evaluar la información que después se
emplearía para tomar importantes decisiones de Gobierno."
Después de sus minuciosas investigaciones sobre los
desaparecidos y asesinados por las fuerzas del orden
la Comisión recomendó la reparación pública de la
dignidad de las víctimas, y diversas medidas de bienestar
social, pensión única de reparación, atención especializada
en salud, educación, vivienda, condonación de ciertas
deudas y exención de la obligatoriedad del Servicio
Militar a los hijos de las víctimas. La Comisión presentó
también recomendaciones en los aspectos jurídicos
y administrativos, como la "declaración de muerte
de personas detenidas-desaparecidas", la adecuación
del ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional
de los derechos humanos, y la ratificación de tratados
internacionales sobre derechos humanos. Igualmente
propuso diversas medidas para reformar el poder judicial
y las Fuerzas Armadas, al como la continuación de
las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó
la penalización del ocultamiento de información respecto
a las inhumaciones ilegales, ya que muchos familiares
de las víctimas continuaron reclamando los restos
de sus seres queridos.
En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la
ley 19.123 creó la Corporación Nacional de Reparación
y Reconciliación, para ejecutar las recomendaciones
de la Comisión de Verdad y Reconciliación, especialmente
en la reparación material de los daños causados por
la dictadura pinochetista, calificada por la Comisión
como Zuna tragedia desgarradora".
En los años posteriores al trabajo de la Comisión
de Verdad y Reconciliación, los grupos de derechos
humanos y los familiares de los desaparecidos lograron
hallar a algunas de las víctimas de la dictadura enterradas
en cementerios clandestinos. También se obtuvieron
más pruebas de las actividades criminales de los agentes
de la DINA, y su Jefe, Manuel Contreras recibe una
condena de siete años de "prisión efectiva", por su
implicación en el asesinato del Dr. Orlando Letelier.
Contreras, con apoyo del Ejército se atrinchera en
un Hospital militar y trata de burlarse del fallo
judicial. Finalmente Contreras demuestra que aún en
regímenes democráticos, los militares conservan amplias
porciones de autonomía y poder, al que por ningún
medio quieren renunciar.
3. El Salvador
Comisión de la Verdad.
Miembros de la Comisión:
Belisario Betancur. (Ex Presidente de Colombia)
Reinaldo Figueredo Planchart. (Congresista
venezolano)
Thomas Buergenthal. Estadounidense. Juez.
(Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos)
Esta Comisión, apoyada por un numeroso grupo de asesores
y colaboradores, nacionales y extranjeros, trabajó
durante seis meses para investigar y dos meses adicionales
para elaborar y presentar su informe, que fue titulado
"De la Locura a La Esperanza" La guerra de 12 años
en El Salvador".
La división de Derechos Humanos de la ONUSAL le facilitó
apoyo técnico y logístico para procurar proteger la
identidad de los testigos e informantes, muchos de
los cuales, solo accedieron a testificar cuando se
les aseguró una reserva absoluta. Diversos gobiernos
extranjeros y organismos internacionales colaboraron
con la Comisión, suministrando documentos confidenciales
emitidos por sus delegaciones diplomáticas, y proveyendo
declaraciones oficiales de agentes policiales y militares.
El mandato
La Comisión de la Verdad de El Salvador surgió como
resultado de los Acuerdos de Paz de El Salvador negociados
en más de tres años (1989-1992) entre el gobierno de
El Salvador y el movimiento guerrillero Frente Farabúndo
Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que estuvieron
enfrentados durante todo ese período. Las negociaciones
se llevaron a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas,
y la colaboración de Colombia, México, España y Venezuela
y culminaron en el Acuerdo de Paz firmado en Chapultepec,
México, el 16 de enero de 1992.|17|
La decisión de crear la Comisión de la Verdad fue
adoptada en los Acuerdos de México, que definen las
funciones y facultades de la Comisión, y se firmaron
en Ciudad de México el 27 de abril de 1991. La autoridad
de la Comisión se amplió con el artículo 5 del Acuerdo
de Paz de Chapultepec, titulado "Superación de la
Impunidad." Estas disposiciones constituyen el "Mandato"
de la Comisión, definida de la siguiente manera: "La
Comisión tendrá a su cargo la investigación de graves
hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella
sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento
público de la verdad." Para esto, se indicó que la
Comisión tomará en cuenta las siguientes consideraciones:
- a. la singular trascendencia que pueda atribuirse
a los hechos a ser investigados, sus características
y repercusión, así como la conmoción social que
originaron; y
- "b. la necesidad de crear confianza en los cambios
positivos que el proceso de paz impulsa y de estimular
el tránsito hacia la reconciliación nacional."
En cuanto a la impunidad, las funciones específicas
que se le asignaron a la Comisión se definen en el
Acuerdo de Chapultepec de la siguiente manera: Ése
reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo
señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza
Armada, especialmente en casos donde esté comprometido
el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las
Partes remiten la consideración y resolución de este
punto a la Comisión de la Verdad."
Además de las facultades que los Acuerdos de Paz
le confirieron respecto a la impunidad y la investigación
de graves hechos de violencia, a la Comisión también
le encargaron elaborar recomendaciones "de orden legal,
político o administrativo, que podrán incluir medidas
destinadas a prevenir la repetición de tales hechos
(de violencia), así como iniciativas orientadas hacia
la reconciliación nacional".
De esta forma se dotó a la Comisión con dos facultades
específicas: la de realizar investigaciones y la de
presentar recomendaciones, en cuya ejecución se comprometieron
ambas Partes.
El Mandato le encarga a la Comisión investigar "graves
hechos de violencia... cuya huella sobre la sociedad
reclama con mayor urgencia el conocimiento público
de la verdad". Aquí la Comisión tomó en cuenta la
singular importancia de cada acto violento, las repercusiones
que tuvieron y los desordenes sociales que ocasionaron.
El Mandato no enumeró ni identificó ningún caso específico
para que fuera investigado por la Comisión; tampoco
distinguió entre actos de violencia en gran escala
y aquellos que involucraban solamente a unas cuantas
personas. Al investigar estos hechos, la Comisión
tomó en cuenta factores adicionales relacionados con
el cumplimiento de su Mandato.
El primero es que lo que se había de investigar eran
hechos graves o flagrantes cometidos por ambos
lados del conflicto salvadoreño y no solamente por
una de las partes.
Segundo, el Acuerdo de Chapultepec instó a la Comisión,
a poner atención especial en el tema de la Impunidad
de los hechos de violencia cometidos por oficiales
de la Fuerza Armada, que nunca fueron investigados
ni castigados.
Entonces, al optar por investigar un caso en lugar
de otro, se tuvo presente consideraciones respecto
del carácter representativo del caso, la disponibilidad
de pruebas, los recursos investigativos disponibles,
el tiempo requerido para llevar a cabo una investigación
exhaustiva, y el tema de la impunidad tal como lo
define el Mandato.
El derecho aplicable
Al definir las normas jurídicas aplicables a su labor,
la Comisión estableció que durante el conflicto salvadoreño,
ambas partes tenían la obligación de acatar una serie
de normas del derecho internacional, entre ellas las
estipuladas en el derecho internacional de los derechos
humanos y en el derecho internacional humanitario,
o bien en ambos. Por otro lado, a lo largo del período
de guerra interna, el Estado de El Salvador estaba
en la obligación de adecuar su derecho interno a sus
obligaciones conforme al derecho internacional.
En el Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos,
las Partes reconocieron que por "derechos humanos"
se entiende "los reconocidos por el ordenamiento jurídico
salvadoreño, incluidos los tratados en los que El
Salvador es parte, así como por las declaraciones
y principios sobre derechos humanos y sobre derechos
humanitarios aprobados por las Naciones Unidas y por
la Organización de Estados Americanos."
La Comisión de la Verdad reconoció que el derecho
internacional de los derechos humanos sólo es aplicable
a los gobiernos, mientras que en determinados conflictos
armados, el derecho internacional humanitario es vinculante
para ambos lados. Es decir, tanto para los insurgentes
como para las fuerzas del gobierno. Sin embargo, hay
que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes
que ejercen poderes gubernamentales en territorios
bajo su control, también se les puede exigir que cumplan
con ciertas obligaciones en materia de derechos humanos,
vinculantes para el Estado según el derecho internacional;
por ende, resultarían responsables en caso de un incumplimiento.
El FMLN sostuvo oficialmente que tenía algunos territorios
bajo su control y efectivamente ejerció ese control.
Las investigaciones
Las Comisión de la Verdad investigó primeramente
la violencia ejercida por agentes del Estado contra
los opositores políticos. Allí ubicó el asesinato
de los seis sacerdotes jesuitas y las dos acompañantes
en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana
(1989). Enseguida analizó diversas ejecuciones extrajudiciales,
como el asesinato de los dirigentes del Frente Democrático
Revolucionario, las religiosas norteamericanas, los
periodistas holandeses, así como los ataques a organismos
de DDHH (FENASTAS y COMADRES), las desapariciones
forzadas, las masacres de campesinos por la Fuerzas
Armadas (Casos Mozote, Río Sumpul y El Calabozo).
Después investigó los asesinatos cometidos por los
escuadrones de la muerte, entre ellos el de Monseñor
Óscar Arnulfo Romero.
En segundo lugar, la Comisión de la Verdad investigó
la violencia del FMLN contra opositores como
el asesinato de alcaldes, y jueces, las ejecuciones
extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno,
el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes,
entre otros.
La Comisión aseguró que "Ninguna de las tres ramas
del poder público: judicial, legislativo ejecutivo,
fue capaz de controlar el desbordante dominio militar
en la sociedad".
Finalmente, la Comisión de la verdad presento una
serie de Recomendaciones que incluyen: Reformar la
legislación penal y el Poder Judicial, depuraciones
en las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales y dentro
de la administración pública; inhabilitaciones políticas
a las personas involucradas en violaciones de los
derechos humanos y del derecho humanitario, por un
lapso no menor de diez años. También recomendó investigar
y terminar con los grupos ilegales (Escuadrones de
la muerte).
Igualmente la Comisión recomendó que el gobierno
salvadoreño otorgue una reparación material y moral
para las víctimas de la violencia y sus familiares
directos. Se recomendó la entrega de tierras, equipamiento
agropecuario, becas de estudio, etc. Los acuerdos
de Paz fijaron un calendario de actividades, muchas
de las cuales, como la entrega de tierras a los combatientes
de ambos lados, y la Compensación económica, solo
se han cumplido en mínima parte. En la práctica el
Estado salvadoreño descuidó mucho el cumplimiento
de los acuerdos. Por eso, pese al empeño del FMLN,
así como a los esfuerzos de la ONU y los países amigos,
la pacificación en El Salvador es todavía un proceso
muy lento.
Desde el ano 1980, tras 12 años de gobiernos militares,
el Perú experimenta una situación de guerra interna,
en la que el movimiento subversivo "Sendero Luminoso"
(Partido Comunista del Perú) se enfrenta al Estado
peruano. El movimiento insurgente transitó de su práctica
subversiva inicial al terrorismo, causando miles de
víctimas, no sólo de miembros de las fuerzas del orden,
sino principalmente, de campesinos, dirigentes gremiales
y populares; autoridades comunales profesionales;
y población en general. Igualmente las Fuerzas del
Estado han cometido graves y numerosos actos de detenciones
masivas, torturas, desapariciones forzadas y genocidio
contra la población peruana. Esta guerra interna ha
producido cerca de 30,000 muertos y más de 5,000 desaparecidos.
En diversos momentos, el Estado a través del Congreso
de la República o el Poder Ejecutivo, creó Comisiones
investigadoras de la Verdad, para deslindar responsabilidades
frente a denuncias de graves violaciones a los derechos
humanos. Generalmente los gobiernos de turno, después
de mucha pugna, cedían a las exigencias de la oposición
política y de algunos gobiernos extranjeros preocupados
por los derechos humanos en el Perú.|18|
La mayoría de las comisiones que se crearon, nacieron
con propósitos claramente justificatorios de la política
"contra subversiva" oficial. Así ocurrió con la llamada
"Comisión Uchuraccay", una de las primeras encargadas
de investigar casos de violaciones de los derechos
humanos en el Perú.
Muy pocas veces las investigaciones encargadas en
el Perú han tenido un efecto pacificador y restaurador
de la justicia. La impunidad para los violadores de
los derechos humanos es casi norma oficial. Cuando
alguna vez se trató de llegar al fondo de los hechos
y sacar a luz a los responsables de actos contra los
derechos humanos, pronto se levantaron las FF.AA.
y policiales para mostrar que se consideran entes
sagrados e intocables; y así se impidió el castigo
a los culpables.|19|
Por falta de una clara comprensión del fenómeno de
la violencia, así como de apoyo del Poder Judicial
y de recursos materiales, las diversas comisiones
investigadoras de la verdad en el Perú, no han podido,
en la mayoría de los casos, llevar a buen término
el resultado de sus investigaciones, ni proteger a
los informantes y testigos. Muchas personas, luego
de presentar sus testimonios y denuncias, fueron desaparecidas
o asesinadas por las fuerzas del Estado, o por"grupos
desconocidos". Así ocurrió con los testigos de los
casos "Uchuraccay", "Soccos", "Cayara", "Umaru y Bellavista",
"Accomarca", "Operación Aries-Huallaga", entre otros.
Más tarde, las Fuerzas Armadas encargarían esa labor,
de eliminar a los testigos o sobrevivientes de masacres
a los grupos llamados de "defensa civil", a los que
entregó algunas armas.
4.1 Comisión Investigadora de la muerte de los
periodistas en Uchuraccay: (Enero 1983)
Mario Vargas Llosa. (Escritor)
Mario Castro Arenas. (Periodista)
Abraham Guzmán Figueroa. (Jurista)
El origen de esta Comisión Investigadora fue el escándalo
nacional e internacional ocasionado por el atroz asesinato
de ocho periodistas y un guía campesino, el 26 de
enero de 1983, en la localidad andina de Uchuraccay,
Ayacucho, que debido al crecimiento de la violencia
se hallaba en Estado de Emergencia, bajo un total
control militar.
Un sector importante del periodismo peruano acusó
a los militares y a los "Sinchis" (Policía antisubversiva)
de haber fomentado la masacre de los periodistas,
quienes procuraban investigar la veracidad de los
partes de guerra oficiales, que daban cuenta del asesinato
de presuntos miembros de Sendero Luminoso por parte
de los propios campesinos.
Los periodistas y los abogados de Ayacucho sospechaban
de la puesta en marcha, por las Fuerzas Armadas, de
una estrategia de guerra sucia, con torturas, desapariciones
forzadas, asesinatos de campesinos de la región en
la que actuaba Sendero Luminoso. El desarrollo de
la violencia en los meses posteriores, confirmaría
la veracidad de estas preocupaciones. Los periodistas
se organizaron para viajar a Uchuraccay a fin de investigar
por sus propios medios el nuevo curso que estaría
tomando la lucha contrainsurgente. Fue así, en la
búsqueda de la verdad, como les alcanzó la muerte.
Al conocerse la noticia trágica de la desaparición
de los ocho periodistas y su guía, la sociedad peruana
se sintió muy conmovida. El Decano del Colegio de
Periodistas del Perú, Dr. Mario Castro Arenas afirmó
que "Ni en la segunda guerra mundial, ni en los arrozales
fangosos de Vietnam habían muerto tantos periodistas
juntos como en Uchuraccay". Meses después de la tragedia,
el Decano del Colegio de Periodistas lanzaría sus
lamentos:
"Qué bochorno, qué vergüenza, que espanto. Los teletipos
repiquetearon por el mundo entero, describiendo la
tragedia. Los diplomáticos peruanos acreditados en
el exterior y los que vivían escondiéndose de la policía
de inmigraciones de Nueva York y de la DISIP de Caracas
emergieron de su semiclandestinidad para negar que
en el Perú existiesen pueblos situados culturalmente
en la edad de piedra donde se podría asesinar por
error a ocho periodistas con piedras y con palos como
las hordas de la era de las cavernas".|20|
Aunque los dirigentes del gobierno anunciaron su
interés de que se esclarezca la verdad sobre la masacre
de los periodistas, en el fondo, lo que buscaban era
obtener un respaldo "académico" a la versión oficial
sobre la tragedia, previamente difundida por el Presidente
de la República, y que se basaba en los informes del
Comando Político Militar de Ayacucho.
El Presidente de la República, Fernando Belaúnde
Terry, mediante Resolución Suprema del 27 de enero
de 1983, Creo una "Comisión Investigadora de los sucesos
de Uchuraccay", con el fin de "contribuir al esclarecimiento
de una verdad que reclaman urgentemente la conciencia
nacional y la opinión pública del resto del mundo".
Se estableció que la Comisión no tendría competencia
judicial o policial.
La Comisión trabajó con el apoyo de los antropólogos
Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Millones. También
asesoraron a la Comisión el jurista Fernando de Trazegnies,
el psicoanalista Max Hernández, los lingüistas Rodolfo
Cerrón Palomino y Clodoaído Soto, así como el historiador
Ricardo Valderrama.
La investigación se desarropo del 28 de enero hasta
el 28 de febrero de 1983, con entrevistas a autoridades
militares, policiales y políticas de la zona Convulsionada
y la revisión de documentación reservada de las FF.AA,
tanto en Ayacucho como en Lima.
Aunque estaba claro que la verdad podría conocerse
investigando en el mismo lugar de los crímenes, la
Comisión se hizo presente en Uchuraccay solo por cuatro
horas, durante un Cabildo Abierto convocado por el
Comando Político Militar de Ayacucho. De acuerdo a
los militares, en Uchuraccay existía un ambiente de
alta tensión, y agresividad contra los foráneos, que
ponía en peligro la vida de los integrantes de la
Comisión, por lo cual no era recomendable permanecer
más de cuatro horas en la zona de la tragedia. Además
del reducido tiempo para investigar en el lugar de
los crímenes, los miembros de la Comisión tenían la
barrera del idioma, ya que la mayoría de la población
de Uchuraccay, a la que se acusó de haber cometido
el asesinato de los periodistas, sólo hablaba quechua
y muy pocos dominaban el castellano.
La Comisión tuvo facultades para interrogar a altos
jefes militares y policiales que operaban en la zona
de Ayacucho, pero las entrevistas se realizaron en
un clima de terror paralizante, investigando solo
aquellos aspectos acordados con los militares, revisando
documentos poco esclarecedores, evitando asuntos controversiales
que Comprometían a las fuerzas del orden en violaciones
a los derechos humanos.|21|
El Informe y su documentación sustentatoria fue entregado
a las autoridades el 4 de marzo de 1983. Inmediatamente
se desplegaron esfuerzos para darle difusión internacional,
ya que de acuerdo a la Comisión Investigadora, no
existía responsabilidad del Estado en la masacre de
Uchuraccay. Pero dentro del país el Informe produjo
un sabor amargo, una decepción por la forma escandalosa
como se quiso limpiar la imagen del gobierno y de
las fuerzas armadas que actuaban en Ayacucho.
La Comisión estructuró su Informe en cuatro partes
descriptivas y analíticas, exponiendo su versión de
los hechos, las causas de la masacre, los informes
de los asesores, asé como testimonios de testigos.
En el Informe se sostiene que "La Comisión ha llegado
a la convicción absoluta de que los comuneros que
se encontraban en ese momento (el 26 de enero de 1983)
en Uchuraccay confundieron a los nueve forasteros
(los periodistas y el guía) que se aproximaban, con
un destacamento de "senderistas" que venia, sin duda,
a escarmentarlos por el linchamiento de varios de
los suyos perpetrado en esa misma comunidad en los
días anteriores. Esta operación de represalias era
temida y esperada en las comunidades iquichanas que
habían matado senderistas y mantenía a los comuneros
en un estado de ánimo sobresaltado, medroso y furibundo..."|22|
También se afirma que "La Comisión tiene la "convicción
relativa" de que los periodistas debieron ser
atacados de improviso, masivamente, sin que mediara
un diálogo previo, y por una multitud a la que el
miedo y el cólera, mezclados, enardecían y dotaban
de una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en
circunstancias normales." Sin embargo, la Comisión
aclara que "no puede descartar, que este intento de
diálogo se produjera (considerando el hecho de que
tres de los periodistas hablaban quechua) y fuese
inútil debido al exceso de suspicacia, pánico y furor
de los comuneros..."
La Comisión investigadora reitera que una llegado
a la "convicción absoluta" de que el asesinato
de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay,
posiblemente con la colaboración de comuneros de otras
comunidades iquichanas, sin que, en el momento de
la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden".
Más rotundamente Vargas Llosa y sus colaboradores
afirman que "La Comisión ha llegado a la convicción
absoluta de que los periodistas fueron asesinados
porque los comuneros los creyeron terroristas y sin
sospechar su verdadera condición".|23|
En Cambio, según el Tribunal de Ayacucho, "los campesinos
de Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas,
por presión de las Fuerzas Armadas. Los comandantes
militares y policiales actuaron como instigadores
del crimen". El Tribunal ayacuchano identificó a veintisiete
comuneros como autores de la masacre, y al general
Clemente Noel y Moral (Jefe del Comando Político Militar
de Ayacucho) junto con cinco oficiales de la policía
y uno de la Marina, como autores intelectuales.|24|
La Comisión Investigadora se encargó de construirle
una explicación academicista a las versiones que el
gobierno había difundido previamente, indicando que
los campesinos asesinaron a los periodistas. Para
ello, la Comisión buscó justificaciones étnicas, históricas
y culturales, apoyándose en la permanente sed de venganza
de los aborígenes andinos contra los blancos opresores.
La Comisión sostuvo que los campesinos confundieron
las cámaras fotográficas con armas de guerra y pensaban
que los periodistas eran terroristas que venían a
atacarlos. Así, según la Comisión, los periodistas,
fueron víctimas de una desafortunada equivocación".
Un mes después de la presentación del Informe, las
fuerzas militares "descubrieron" casualmente las cámaras
fotográficas y varios rollos de película de los periodistas
victimados, con imágenes que al ser reveladas pusieron
en duda muchas de las"convicciones absolutas" de la
Comisión. Así se reveló el deficiente trabajo de investigación
de la Comisión presidida por Vargas Llosa.
A pesar de que en todo momento las autoridades militares
y policiales obstaculizaron al Poder Judicial, para
impedir que se esclarezca la verdad del asesinato
|25| y
aunque existían evidencias de participación "indirecta"
de altos jefes militares y policiales en esta masacre,
solo tres indígenas de la zona, Dionisio Morales,
Simeón Aucatoma y Mariano Cassani, fueron acusados.
Otros implicados y testigos, como el Teniente Gobernador,
desaparecieron o fueron asesinados en los días de
las investigaciones.|26|
Aunque la investigación descartó que los periodistas
se hubieran presentado en Uchuraccay como senderistas,
supuestamente portando una bandera roja, tal como
lo había sostenido el Jefe del Comando Político Militar,
ninguna autoridad regional o nacional tuvo la honestidad
de reconocer que se había mentido al país, ni mucho
menos se esforzaron para reivindicar la memoria de
las víctimas. Cuando posteriormente, en 1985, el Tribunal
de Ayacucho le preguntó a Vargas Llosa porqué la Comisión
Investigadora presentó el Informe con su insólita
versión, el escritor sólo respondió que aceptó colaborar
con el gobierno apara "salvar a la democracia" y que
dirigió la elaboración del Informe guiándose por las
declaraciones de los militares.
La actuación de la Comisión investigadora creó problemas
al poder judicial, que denunció el avasallamiento
de su soberanía por parte del Poder Ejecutivo. Esta
confusión demoró el inicio de un proceso legal por
la muerte de los periodistas. Y cuando el Tribunal
de Ayacucho trató de averiguar la verdad de la masacre,
muy pronto el Poder Ejecutivo, así como el Legislativo,
le pusieron numerosas trabas, llegando, incluso, a
volver a fojas cero el proceso judicial tras dos años
de investigaciones. Así, por segunda vez, la verdad
de Uchuraccay fue maniatada.
Frente al desamparo en que se dejó a las familias
de los periodistas victimados en Uchuraccay, diez
años después del asesinato, el 26 de enero de 1993,
los gremios de los periodistas realizaron una multitudinaria
marcha de protesta, demandando al Estado una pensión
de gracia para los familiares de estos periodistas
victimados en 1983. Hasta la fecha tal demanda no
ha sido atendida.
4.2 Comisión investigadora de las masacres en
los Penales. (Agosto de 1986)
Congresistas:
Rolando Ames Cobián. (Presidente)
Jorge del Prado.
Javier Bedoya de Vivanco.
Óscar Felipe Ventura.
Agustín Haya de la Torre.
Áureo Zegarra. (Sector de la minoría parlamentaria).
Romualdo Biaggi Rodríguez.
Judith de la Mata.
César Delgado Barreto.
Miguel Ángel Mufarech.
Humberto Arenas.
Nicanor Asmat Vega.
José Barba Caballero. (Sector de la mayoría)
La masacre de mas de 250 prisioneros políticos en
dos cárceles peruanas, los días 18 y 19 de junio de
1986, por parte de efectivos de la Guardia Republicana
y de la Marina de Guerra del Perú, originó la creación
de una Comisión Investigadora a nivel parlamentario.
La mayoría de los reclusos acusados de subversión
fueron fusilados después de que se habían rendido.
El penal de El Frontón, en El Callao, fue bombardeado
pese a que los presos amotinados no representaban
gran peligro. No hubo ningún interés en rescatar a
los heridos o sobrevivientes. La presión internacional
para que se esclarezca la verdad de la masacre fue
muy grande, ya que ésta se produjo cuando se celebraba
en Lima el Congreso Mundial de la 11 Internacional
Socialista.
El Instituto de Defensa Legal, IDL, realizo un análisis
jurídico de la acción del Estado para restablecer
el orden y la autoridad en los penales, y llegó a
la conclusión de que "la respuesta oficial adoptada,
estuvo caracterizada por el empleo de una violencia
a todas luces exagerada y desproporcionada, producto,
sin duda del clima de violencia exacerbada, inhumana
e inmoral que hoy envuelve al Perú". Agrega el IDL,
que "El saldo desolador de destrucción y muerte (murieron
cerca de 300 internos)... basta para dejar constancia
de lo irracional, desproporcionado, inhumano y antijurídico
que caracterizó al tratamiento oficial dado a los
motines en los penales." |27|
La Comisión, nombrada por el Congreso en el mes de
agosto, tardó mas de un año para instalarse, y desde
el principio se dividió en dos bloques irreconciliables,
debido a que los parlamentarios del oficialismo no
querían realizar una investigación seria e independiente
que identifique a los responsables de la masacre.
Más bien, trabajaron para impedir el esclarecimiento
de los hechos.|28|
La Comisión tuvo facultad para citar en calidad de
testigos a agentes policiales y miembros de la marina
de guerra, ministros de Estado, jueces, fiscales,
y familiares de las víctimas. La Comisión también
acudió al peritaje técnico del Colegio de Ingenieros,
a fin de verificar o desmentir la versión gubernamental
de que los pabellones de los prisioneros de El Frontón
fueron derribados "casualmente", lo cual impidió el
rescate de los heridos o sobrevivientes. El peritaje
técnico descartó la versión del gobierno.
Originalmente las más altas autoridades del país
prometieron cooperar para que se esclareciera la responsabilidad
de los autores de la masacre de los penales, y para
que nunca más se repitieran esos graves hechos. El
Presidente de la República, Alan García, prometió
efectuar una minuciosa investigación de la matanza,
y llegó a proclamar: "O se van ellos, (los culpables
del genocidio) o me voy yo". Al final, ninguno de
los altos oficiales involucrados en la masacre se
fue.
Conforme las investigaciones demostraban que días
antes de la masacre miembros del gobierno habían amenazado
de muerte a los reclusos, como lo hizo el Ministro
de Marina, y habían ordenado la actuación de las Fuerzas
Armadas para debelar el motín, sin estimar las consecuencias;
las principales autoridades del gobierno se obsesionaron
en impedir el real conocimiento de la verdad. Las
acusaciones de responsabilidad penal incluyeron al
Presidente de la República, Alan García Pérez, así
como al Viceministro del Interior, Agustín Mantilla,
y los ministros de Guerra y de Marina, Julio Pacheco
Concha, entre otros miembros del gobierno, que aseguraron
que el amotinamiento de los reclusos puso en peligro
la seguridad de la República". Las investigaciones
de la Comisión demostraron que el motón de los reclusos
ni siquiera alteró el transporte público o privado
en el Perú, y que con un poco de esfuerzo habría tenido
una solución no violenta.
Debido a que no hubo consenso en cuanto al tratamiento
de la información obtenida y la responsabilidad ante
el país de presentar la verdad, la Comisión Investigadora
se dividió, y al final se presentaron dos informes.
Uno suscrito por los parlamentarios del partido del
Gobierno y sus aliados (que fue aprobado), y otro
suscrito por el presidente de la Comisión y parlamentarios
de la oposición, en Minoría.
El informe del sector de la Minoría señala que "Está
demostrada la imprevisión de las autoridades gubernamentales",
ya que las autoridades del Ministerio de Justicia
y del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, no cumplieron
con las especificaciones respecto a la clasificación
de internos o a las medidas de seguridad indicadas
en el Código de Ejecución Penal". De aquí se establece
la responsabilidad penal y administrativa del Ministro
de Justicia, Luis González Posada, y del jefe del
INPE, Manuel Aquézolo.
También en el informe se sostiene que: "Está demostrado
que los comunicados oficiales públicos proporcionaron
información falsa que magnificaba los hechos de los
motines," y que "está demostrado que el gobierno,
al incumplir con su obligación de proteger la vida
humana, dio órdenes que trajeron como consecuencia
un injustificable número de muertes". Aquí se precisa
que "La opción tomada de "debelar los motines a través
de la fuerza militar, en el plazo más breve y perentorio",
significaba poner en grave e innecesario peligro la
vida de los rehenes y los internos. Igualmente se
indica que "La fuerza militar utilizada fue desproporcionada
en relación al peligro realmente existente y las formas
de ataque implementadas tampoco revelaron precaución
alguna por reducir los costos humanos del debelamiento."
Además, el informe en minoría señala que "Está demostrado
que algunos miembros de las Fuerzas del orden realizaron
graves actos contra la vida de los internos, entre
ellos, ejecuciones extrajudiciales. Ante esto, se
recomienda promover acciones penales contra el coronel
de la Guardia republicana Rolando Cabezas, el general
del Ejército Jorge Rabanal Portilla, el general de
la Policía Máximo Martínez Lira, así como contra el
Almirante Víctor Nicolini y el Vice Almirante Victor
Ramírez Isola.|29|
El informe en Minoría reitera que "Está demostrado
que el gobierno aprobó y aplicó un Decreto Supremo
inconstitucional", por lo cual, la responsabilidad
penal recae también en el Presidente de la República
y en el Consejo de Ministros.
La Comisión liderada por el senador Rolando Ames,
presentó recomendaciones de carácter jurídico penal
así como de medidas políticas y administrativas, entre
las cuales se destacan:
1. La transformación y democratización integral del
Estado.
2. Nueva concepción de la Defensa Nacional. Esta
debe basarse en la soberanea nacional, revisión de
las nuevas leyes del Sistema de Defensa Nacional,
nueva formación institucional, una estrategia de paz
alternativa, recuperación de la iniciativa política
y conquista de una amplia base social, a fin de mantener
una superioridad moral.
3.Respeto a las Normas internacionales y nacionales
de protección de los derechos humanos.
4. Reformas Indispensables. Aquí se propone, entre
otras cosas, mejorar la infraestructura y servicios
en los penales, ejecutar reformas en la política penitenciaria
para "hacer de los centros de detención lugares donde
sea posible la rehabilitación de los internos, y dar
oportunidades al interno de recuperar su identidad
humana y social".
En cuanto a la Administración de Justicia, se reconoce
la necesidad de un Poder Judicial eficaz en el ejercicio
de sus facultades de control a las acciones del Poder
Ejecutivo. "Cuando se presentan situaciones de emergencia,
como las estudiadas, estando de por medio la vida
de las personas, rehenes e internos, los jueces deben
ejercer sus facultades legales de protección de los
derechos de las personas". Como otras buenas recomendaciones,
esta también quedaría en letra muerta. En los años
posteriores los motines en los penales siguieron resolviéndose
Conga violencia, con resultados trágicos.
Esta Comisión también presentó recomendaciones en
cuanto al rol de las fuerzas policiales, y sobre el
rol del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo,
a fin de establecerlos como órganos interdependientes
con los otros poderes del Estado. El Informe aprobado
por el Congreso, el de la Mayoría oficialista, no
acepta responsabilidad penal del Presidente de la
República ni de otros miembros del Poder Ejecutivo.
Poco después de la presentación del Informe de la
Minoría, pese a que tanto el homicidio como el genocidio
son delitos comunes, la Corte Suprema de Justicia
del Perú, emitió una Resolución trasladando al fuero
militar el proceso seguido contra los responsables
de la masacre en los penales. Luego, tras una parodia
de juicio a los autores de la matanza, se exculpó
a los principales responsables civiles y militares.
Las investigaciones de la Comisión, las evidencias
de responsabilidad penal de altos oficiales del Ejercito,
la Marina, la Policía, y de miembros del gobierno,
no fueron tomadas en cuenta por el Poder Judicial.
Incluso en las Naciones Unidas, ante las acusaciones
presentadas contra el Estado peruano en la Comisión
de Derechos Humanos, el representante del gobierno,
senador Javier Valle Riestra, sostuvo que no existe
responsabilidad del gobierno en los crímenes de los
penales, porque "fueron perpretados por agentes estatales
con mentalidad autoritaria que cubrieron de ludibrio
a nuestra democracia". Trató de ocultar la matanza
de los prisioneros con poemas metafísicos y citas
en latín.
Posteriormente, tras siete años de investigaciones
y negociaciones jurídicas-diplomáticas, en 1994, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó una
sentencia relacionada a la masacre en el penal de
El Frontón, ordenando al gobierno peruano indemnizar
a los familiares de tres de las víctimas.|30|
B. Comisiones No oficiales
A continuación presentamos el desarrollo de algunas
comisiones de la verdad que surgieron por iniciativa
no gubernamental, sin mandato legal específico.
Comité impulsor del Juicio contra García Meza.
Después de 18 años de dictaduras militares, que usurparon
el poder a gobiernos civiles legítimamente elegidos,
en octubre de 1982 Bolivia recuperó su institucionalizad
democrática, eligiendo como Presidente al Dr. Hernán
Siles Suazo. Las víctimas de violaciones a los derechos
humanos, entre asesinados, torturados, desaparecidos,
entre 1965 y 1982 eran numerosas. De acuerdo al Comité
Impulsor del Juicio contra García Meza, El Golpe militar
liderado por el General Hugo Banzer Suárez, en agosto
de 1971, inició uno de los gobiernos de facto más sangrientos
en la historia del país. Este Comité impulsor agrega
que fueron denunciadas más de 14,000 detenciones ilegales
de personas, muchas de las cuales fueron sometidas a
crueles torturas; más de 6,000 exiliados, masacres;
desaparición forzada de mas de 70 personas.|31|
Igualmente el Comité Impulsor sostiene que durante
la dictadura de 16 días del coronel Alberto Natusch
Busch, agentes del gobierno de facto asesinaron a
76 personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron
a 140 personas y provocaron heridas graves a otras
204 personas. Durante la presentación de pruebas en
el Juicio de Responsabilidades, la activista de derechos
humanos, Loyola Guzmán, señaló que el régimen de García
Meza es responsable de la desaparición de 22 personas
y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado
Marcelo Quiroga Santa Cruz. La ASOFAMD denunció en
mayo de 1990, que en Bolivia habían desaparecido 156
personas. De ellas, 76 corresponden al periodo del
general Banzer, 34 al periodo del general Alfredo
Ovando, 28 al de García Meza, 14 al de Alberto Natusch
y 4 en el periodo de René Barrientos.
Al restablecerse la institucionalizad democrática
en el país, se discutió sobre qué hacer con los crímenes
de las dictaduras, pero no hubo consenso sobre los
casos que deberían de ser investigados. Como el Poder
Judicial, y el liderazgo de los partidos políticos,
en su mayoría, era el mismo que actuó durante las
dictaduras militares, no hubo la suficiente voluntad
para sancionar a todos los responsables de las violaciones
a los derechos humanos.
Muy tímidamente el Presidente Hernán Siles Suazo
firmó el 28 de octubre de 1982, el Decreto Supremo
N. 241, creando la Comisión Nacional de Desaparecidos.
Esta Comisión investigó, hasta abril de 1983,
el asesinato de 14 prisioneros políticos, en 1972,
por el gobierno de Banzer, y la desaparición de 22
personas en el periodo de García Meza.|32|
En los primeros meses de transición democrática,
solo se logró consenso en la necesidad de investigar
los delitos cometidos por el régimen de fasto del
general Luis García Meza, que practicó masacres de
opositores políticos, desapariciones forzadas, torturas,
y expulsiones ilegales del país.
La Central Obrera Boliviana, las Iglesias Católica
y Metodista, la Universidad San Simón de la Paz, los
gremios de periodistas, los grupos de derechos humanos,
los familiares de las víctimas de la dictadura, con
el apoyo de algunos políticos iniciaron un Juicio
de Responsabilidades contra el general Luis García
Meza, y 55 de sus principales colaboradores, primero
en febrero de 1984, en el Congreso Nacional y en abril
de 1986 ante la Corte Suprema de Justicia. Una decisión
del Congreso, del 25 de febrero de 1986, excluyó las
investigaciones de hechos ocurridos antes del Golpe
de García Meza, protegiendo de esa manera, especialmente,
al dictador Hugo Banzer.
La confluencia de diversos organismos representativos
de la sociedad, y de larga tradición de lucha como
la COB, la Universidad, la Iglesia, junto con los
grupos de derechos humanos, en la denuncia y el enjuiciamiento
del régimen de García Meza, aseguró un importante
respaldo institucional y popular al proceso de investigar
la verdad y castigar a los culpables de las violaciones
a los derechos humanos y atropellos al Estado de Derecho.
Un selecto grupo de abogados y estudiantes de derecho,
periodistas, así como familiares de las víctimas de
la dictadura, trabajaron en el Comité impulsor del
Juicio, durante cinco años, para recopilar y procesar
más de 30,000 páginas acumuladas sobre los hechos
de la dictadura y elaborar los alegatos y las acusaciones.|33|
Cuando el Congreso de la República decidió acusar
al ex dictador ante la Corte Suprema, y el poder judicial
expidió una orden de detención, el 13 de enero de
1989, García Meza se declaró en rebelión y se escondió,
para burlarse de la justicia. Un mes después el Poder
Judicial ordenó la confiscación de las propiedades
del ex dictador, la pérdida de sus derechos ciudadanos,
y reafirmó la orden de búsqueda y captura. Después
se conocería que García Meza se había escondido, inicialmente,
en una de las haciendas de otro ex dictador, general
Hugo Banzer Suárez.
García Meza desde la clandestinidad lanzó diversas
amenazas contra los grupos de derechos humanos y chantajeó
a dirigentes del gobierno, a fin de que le brindaran
protección a cambio de guardar silencio. La Corte
Suprema de Justicia también recibió numerosas presiones
a fin de retardar el proceso y diluirla en discusiones
palaciegas. Asó García Meza vivió, durante cinco años,
con la protección oficial, hasta que fue capturado
en Brasil. Por eso, con toda razón, el Comité Impulsor
indicó que "En esa búsqueda sin cansancio de la verdad
jurídica... hemos encontrado aún más feroz el rostro
de los tiranos, de los masacradores, de los que torturaron
y dispararon, de los que detrás de los ejecutores
planearon y ordenaron los crímenes, y de los que se
enriquecieron a costa del patrimonio público".|34|
El Comité impulsor del Juicio de Responsabilidades,
a pesar de las amenazas, siguió su trabajo con mucha
energía, elaborando los recursos acusatorios y difundiendo
masivamente en los periódicos, la radio y la televisión
informes respecto al juicio. Incluso preparó siete
micro-documentales para la televisión, con los títulos
de "Genocidio de la calle Harrington de La Paz", (donde
ocho dirigentes del MIR fueron asesinados), "Contra
la Impunidad", "Prófugo de la Justicia", "La letra
muerta de la Ley", etc.
El testimonio de la ex Presidenta de la República,
Lydia Gueiler Tejada, en el Juicio, así como de varios
ex ministros de Estado que formaron parte de su gobierno,
y que fueron torturados por agentes de la dictadura,
aportó abundantes evidencias sobre la responsabilidad
penal de los militares golpistas.
El ex coronel Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior
de García Meza, responsable directo de la organización
de grupos terroristas paramilitares al servicio de
la dictadura, fue capturado por agentes bolivianos
de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, y agentes
estadounidenses de la Drug Enforcement Agency,
DEA, el 10 de diciembre de 1989; tres años después
de haber sido declarado "rebelde y contumaz" y haberse
fugado de la justicia. Inmediatamente, sin autorización
del Poder Judicial de Bolivia fue trasladado hacia
Miami, en un avión de la DEA, organización que lo
entregó a la Corte Federal de Miami.
En el curso de las investigaciones se fue revelando
que por orden de los dictadores fueron asesinados
el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, los ocho dirigentes
del MOR, el sacerdote Luis Espinal, y muchos otros
más; y se demostró que el gobierno de tacto clausuró
y destruyó instalaciones y equipos de emisoras de
radio y periódicos; allanó iglesias, colegios y universidades,
despilfarró el dinero del Estado, y dictó muchas leyes
anticonstitucionales.
También se descubrió cómo se organizaron los escuadrones
de la muerte que operaron en diversas ciudades de
Bolivia cometiendo atentados terroristas y crímenes
con total impunidad. El Comité impulsor comprobó que
el criminal nazi Klaus Barbie contaba, en el período
de García Meza, con un grado de oficial superior y
mando dentro del Servicio de Inteligencia del Ejército
de Bolivia. El General Luis Arce Gómez, con autorización
del Alto Mando, otorgó el grado de Teniente Coronel
honorífico a Klaus Altmann (Barbie), el 12 de febrero
de 1980, cinco meses antes del golpe de Estado. Entre
los asesores extranjeros también se comprobó la participación
del Mayor de las FF.AA. de Argentina, Julio César
Durand, así como de los neofascistas italianos Stefano
Delle Chiaie y Pierluigi Pagliai. |35|
El Comité impulsor comprobó que altos miembros del
mismo ejército boliviano entrenaban y dirigían a grupos
paramilitares que cometían diversos atentados terroristas
por todo el país, y que asesinaron a opositores políticos,
lanzaron bombas contra manifestaciones pacíficas,
atacaron sedes de organismos políticos, religiosos
y culturales, y atentaron contra un avión en el que
viajaban líderes del movimiento político UDP. Se confirmó
que todos estos atentados se hicieron con el propósito
de justificar El Golpe de Estado, en vista de una
supuesta incapacidad del Gobierno para controlar el
terrorismo.
Además se comprobó que el Servicio de Inteligencia
del ejército, a cargo del coronel Luis Arce Gómez,
había elaborado una lista negras en las que figuraban
como personas a ser eliminadas, el padre Luis Espinal
Camps, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa
Cruz, el ex Presidente Walter Guevara Arce, el líder
sindical Juan Lechín Oquendo, y el ex ministro Eduardo
Pérez Iribarne. Igualmente se descubrió que prominentes
dirigentes de la empresa privada participaron en la
preparación del Golpe de Estado, que incluso financiaron,
para luego beneficiarse con diversos contratos con
el Estado.|36|
Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos contra
la Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, a
petición de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
y otras ONGs bolivianas determinó realizar en Bolivia
una Sesión, durante los días 17 al 19 de julio de
1990, para investigar las violaciones a los derechos
humanos cometidas por los últimos regímenes militares,
el gobierno se negó a autorizar dicha Sesión, con
el pretexto de que no hay que perturbar la paz. Incluso
los congresistas oficialistas emitieron una Resolución,
calificando como "delito" la sesión del Tribunal Permanente
de los Pueblos, y se amenazó con deportar a los jueces
instructores, si se atrevían a entrar a Bolivia, ya
que, argumentaron, de acuerdo a la legislación vigente,
sólo la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad
para juzgar a dignatarios y ex dignatarios del Estado
que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus
funciones.|37|
Las autoridades bolivianas se negaron a conceder
visas de entrada a las personas que actuarían como
jueces instructores del Tribunal, entre ellos el Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel de Argentina,
la abogada chilena Fabiola Letelier y el sacerdote
colombiano Javier Giraldo. En vista de esta negativa,
la Sesión se llevó a cabo en Bogotá, en abril de 1991,
y condenó moralmente a los ex dictadores general Hugo
Banzer Suárez, coronel Alberto Natusch Busch y general
Luis García Meza, inhabilitándolos moralmente para
participar nuevamente en instancias de gobierno de
su país o de cualquier país del mundo, según comunicación
del Secretariado del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Luego de más de seis años de juicio, en 1992 el Poder
Judicial de Bolivia logró condenar al general Luis
García Meza, y a Luis Arce Gómez, a 30 años de prisión.
Actualmente García Meza se encuentra en la prisión
de Chonchocoro, en La Paz, luego de haber sido extraditado
del Brasil. Otros cincuenta implicados también recibieron
su condena.
Los abogados que representaron a la parte civil afectada
por la dictadura de García Meza, manifestaron ante
el Tribunal Supremo: "Estuvimos motivados por la búsqueda
de la verdad desde el primer momento; y cuando en
ese primer momento la principal defensa apareció siendo
la mentira, nos volvimos incansables en esa búsqueda
de la verdad... había que probar que se delinquió
bárbaramente contra el país, desde el aparato mismo
del Estado... a la notoria verdad histórica había
que adjuntar la verdad jurídica".
Aunque el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades
fue una Comisión de la Verdad no creada por mandato
legal, sino por imperativo ético de las fuerzas progresistas
de la sociedad boliviana, su trabajo fue muy eficaz,
logrando comprometer a la mayor parte de los organismos
del país en la búsqueda de la verdad sobre esta etapa
crítica de su historia. Sus integrantes trabajaron
con la convicción de que "Ni el odio ni el menor atisbo
de venganza han presidido nuestros actos en esta presencia
acusatoria ininterrumpida de seis años y seis meses.
Hemos creído que el daño que la dictadura le hizo
al país fue inmenso, pero estamos convencidos, sobre
todo, que la impunidad de esa dictadura sería un daño
mucho mayor".
Proyecto Brasil Nunca Más.
Responsables del Proyecto:
Cardenal Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de Sao
Paulo
Rev. Jaime Wright, Pastor Presbiteriano.
Las investigaciones para conocer las violaciones
a los derechos humanos de las últimas dictaduras (1964-1979)
fueron dirigidas por miembros de la Arquidiócesis
de Sao Paulo, de la Iglesia Católica. Alrededor de
treinta personas vinculadas a la Arquidiócesis trabajaron
por más de cinco años en el más absoluto secreto para
obtener los documentos, analizarlos, comprobar la
información, y procesarla de acuerdo a criterios fijados
previamente.
La Investigación comenzó en agosto de 1979 y concluyó
en marzo de 1985. En ese período se logró sistematizar
informaciones contenidas en 707 expedientes de procesos
llevados ante el Tribunal Militar Supremo. Por esto,
una característica del Informe es que se basa, fundamentalmente,
en documentos oficiales de los procesos judiciales
llevados a cabo por los Tribunales militares contra
activistas y opositores políticos.
El resultado del trabajo se difundió en volúmenes
de mas de 5000 páginas, (Proyecto A) con el título
Brasil Nunca Mais, que fue considerado como "Una radiografía
inédita de la represión política y una anatomía de
la resistencia". Una síntesis del Informe se publicó
en forma de libro en Petrópolis, en el verano de 1985.
Allí se reunió información sobre las violaciones a
los derechos humanos ocurridas durante los regímenes
militares desde 1964 hasta 1979.
El libro Brasil Nunca Más, además de describir las
formas crueles, degradantes, de los castigos y las
torturas, presenta datos históricos sobre el origen
de los regímenes militares, el desarrollo de los aparatos
represivos, y la perversión del derecho penal, que
favoreció el atropello de los derechos humanos.
Entre los colaboradores del Proyecto Brasil Nunca
Más, el régimen militar eligió como víctima-símbolo,
a Paulo Stuart Wright, hermano menor del pastor presbiteriano
Jaime Wright, con cuyo secuestro y asesinato se quiso
amedrentar a los activistas de derechos humanos asociados
a la Arquidiócesis, para que abandonen sus denuncias
y su acompañamiento a los familiares de las víctimas
de la represión oficial. Si no se ha respetado al
hermano de uno de los líderes de la lucha por los
derechos humanos, menos se respetaría a los otros
miembros de la comisión de la Arquidiócesis. Esa era
la lógica para atemorizar y destruir a los grupos
de solidaridad y de defensa de los derechos humanos.
El Informe Brasil Nunca Mais incluye testimonios
acerca de la labor de agentes de la CIA de los Estados
Unidos, como el oficial estadounidense Dan Mitrione,
quien enseño los llamados "Métodos científicos para
arrancar confesiones y obtener la verdad". De acuerdo
a numerosas y documentadas denuncias, Dan Mitrione
entrenó a cientos de agentes militares y policiales
brasileños, utilizando en sus experimentos inicialmente
niños y mendigos recogidos de las calles de Bello
Horizonte.|38|
Igualmente Brasil Nunca Más describe las diversas
técnicas de tortura empleadas por los militares y
policías, el uso de insectos y animales como cobras
y ratas, la aplicación de productos químicos sobre
el cuerpo de los prisioneros, según fue corroborado
por diversas víctimas. El Informe también presenta
testimonios sobre torturas practicadas en menores
de edad, así como en mujeres y gestantes, que sufrían
violaciones sexuales.|39|
Brasil Nunca Más indica que en el periodo de 1964
a 1979 se registran 125 casos de ciudadanos desaparecidos
por motivos políticos algunos de los cuales posteriormente
a su detención por la policía fueron encontrados en
cementerios, enterrados con nombres falsos. La lista
completa de desaparecidos aparece en la página 291
al 293 de BNM. En la versión editada en forma de libro
en 1985, no figuran las listas de militares y policías
involucrados en las violaciones a los derechos humanos,
que se incluyeron en la publicación global. Una lista
de 444 agentes militares y policiales torturadores,
que por razones estratégicas no fue incluida en las
ediciones de Brasil Nunca Más, fue publicada por la
Arquidiócesis de Sao Paulo en el Diario Folha de
Sao Paulo y en el Jornal do Brasil, el
22 de noviembre de 1985.
En el Informe "Brasil Nunca Más" quedó expuesta la
verdadera característica del Estado brasileño, en
base a sentencias dictaminando torturas, castigos
corporales, escarmientos en plazas públicas, secuestros,
desapariciones, normas de tratamiento carcelario inhumanas,
todo eso estaba registrado en los expedientes judiciales.
Así, los mismos documentos oficiales proveían un testimonio
irrefutable.
Después de publicarse los volúmenes del Informe Brasil
Nunca Mais, las fuerzas armadas publicaron un
furioso documento de respuesta, con el título Brasil
Sempre, justificando su acción, llevada a cabo,
según ellos, "para salvar a la patria del monstruo
del comunismo y del caos interno". A diferencia de
los informes en Argentina y Chile y El Salvador, en
Brasil el Informe Nunca Más no presenta explícitamente
recomendaciones ni formula peticiones directas para
reformas en la policía y el Ejército. La brutal radiografía
que se presenta de la violencia policial y militar
habla por sí sola, de la necesidad de transformaciones
en las estructuras del Estado. Brasil Nunca Más transmite
la demanda de respeto a la memoria de los muertos:
La ausencia de sepultura, que impide que los muertos
sean 'venerados por sus familiares, lo cual, constituía
una maldición bíblica aterradora. Por eso, se demanda
la localización y entrega de los cuerpos de los desaparecidos
a sus familiares, y la reivindicación de las víctimas:
"Hasta cuando habrá, en Brasil, mujeres que no
saben si son viudas, hijos que no saben si son huérfanos,
criaturas humanas que esperan vanamente en puertas
implacablemente trancadas, de un Brasil que juzgábamos
ingenuamente, exento de tantas crueldades".|40|
En 1984, la Assembleia legislativa del Estado do
Río Grande do Sul, publicó un Informe del Comité Brasileño
por la Amnistía, en el cual indicó que "Pasados mas
de quince años de dictadura militar, el número de
muertos y desaparecidos suman más de trescientos,
y ese número tiende a aumentar porque el aparato represivo
continúa intacto y activo".|41| En
1995, el gobierno brasileño aprobó el DL 869/95 con
el propósito de otorgar una reparación económica a
los familiares de 136 personas desaparecidas durante
las dictaduras militares. La Ley encarga otorgar una
reparación económica de hasta US$ 150,000 a cada familia
de las personas asesinadas o desaparecidas que reconoce
el gobierno.|42|
Pero los familiares de los desaparecidos, y de las
otras víctimas siguen demandando el esclarecimiento
de la verdad de lo que paso con sus seres queridos
y el castigo a los responsables. Juntamente con el
Movimiento Tortura Nunca Mais, los familiares de las
víctimas publicaron a fines de 1995 el libro "Dossie
Dos Mortos e Desaparecidos Politicos a partir de 1964".|43| Los
fantasmas del pasado tortuoso en el Brasil siguen
esperando su liberación.
CIPAE. Paraguay Nunca Más.
El 4 de mayo de 1954, tras un corto periodo de gobierno
constitucional, las Fuerzas Armadas de Paraguay dan
un golpe de Estado y derrocan al presidente Federico
Chávez, de la Asociación Nacional Republicana. Dos militares
asumen el poder, primero, por unos pocos ditas, el general
Tomás Romero Pereira, y poco después, para quedarse
por 35 años en el poder, el general Alfredo Stroessner.
El largo periodo de gobierno del general Alfredo
Stroessner marcó a la sociedad paraguaya con el signo
del terror. "El miedo que genera nuestro sistema político
es tan cierto y evidente que no se necesitan estudios
muy sutiles ni gran aparato científico para demostrarlo",
afirmaba en 1974 el sacerdote Ramón Juste. Agregaba
que "el mero intento de decir o escribir públicamente
algo que pueda ser interpretado como critica al sistema
es ya un síntoma de gran audacia y aún a veces de
temeridad suicida".|44|
Stroessner se jactaba públicamente que había convertido
a su país en la nación más anticomunista de todo el
mundo. Con esa visión trataba de eliminar a los opositores
políticos, mediante la tortura, el secuestro, la desaparición
y el asesinato impune. El mismo se esforzó por convertir
a Paraguay en un santuario para los activistas anticomunistas
de diversas partes del mundo. Allí centralizo sus
archivos el sistema de terrorismo de estado de los
países del cono sur de América, bajo el nombre de
"Operación Cóndor".|45|
En Paraguay, las violaciones a los derechos humanos
afectaron también a cientos de extranjeros que escapaban
de persecuciones en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia
y Uruguay. En recompensa, la dictadura argentina,
durante su guerra sucia, desapareció a 54 ciudadanos
paraguayos que se encontraban en la capital federal,
Buenos Aires, donde querían protegerse de la represión
en su país.|46|
Ya en setiembre de 1976, la Liga Internacional por
los Derechos Humanos difundió una lista de 203 prisioneros
políticos en las cárceles de Paraguay, algunos de
los cuales llevaban más de 18 años encarcelados. La
lista incluía casos de presos que murieron en las
prisiones.|47|
En junio de 1990, el Tribunal Permanente de los Pueblos,
TPP, aseguró que Paraguay, desde 1954 hasta el 3 de
febrero de 1989 fue gobernado por una feroz dictadura
que violó sistemática y gravemente los derechos humanos
fundamentales, así como los derechos económicos, sociales
y culturales del pueblo paraguayo." Cuando los organismos
no gubernamentales empezaron a difundir informes sobre
la represión de la dictadura, durante la Sesión del
Tribunal Permanente de los Pueblos, se confirmó que
el "stronismo", una forma moderna del despotismo,
contó con un poder absoluto en el país, y estableció
una "mafia" en el poder, a favor de un restringido
grupo oligárquico. Esta "mafia", conformada por funcionarios
públicos, ha obrado bajo la dictadura considerándose
por encima de las leyes, como si las leyes fuesen
válidas solo para los ciudadanos comunes y no para
las personas investidas de funciones públicas.
Desde su creación en 1976, el Comité de Iglesias
paras Ayudas de Emergencia, CIPAE, con el apoyo de
varios organismos internacionales desarrollo un sistemático
proceso de registro y documentación de los hechos
de violencia en el país. Como varias sedes religiosas
habían sufrido allanamientos por parte de las fuerzas
de seguridad, el CIPAE, desde su origen, tomó la precaución
de proteger la mayor parte de los archivos en casas
de seguridad, sacar copias dobles, y aún microfilmar
la documentación. Aquí vale un reconocimiento profundo
al reverendo Charles Harper, del Consejo Mundial de
Iglesias en Ginebra, quien dio su apoyo total a la
labor desarrollada por el CIPAE.
El CIPAE en 1984 encargó a sus colaboradores, sistematizar
la información sobre la violencia y sus efectos en
Paraguay. Había mucho temor de que las fuerzas represivas
intentaran silenciar completamente a los organismos
de derechos humanos. Por eso, hubo muchas dificultades
para acceder a las fuentes documentales básicas, ya
que el miedo paralizaba a los familiares de las víctimas.
El resultado de las investigaciones fue publicado
a partir de mayo de 1990 en una serie de cuatro tomos
bajo el título general de "Paraguay: Nunca Más", donde
se registran numerosos hechos de violación de los
derechos humanos durante la dictadura de Stroessner.
En el Tomo I de Paraguay Nunca Más, se indica que,
360 mil personas, de un total de tres millones de
habitantes, pasaron por las cárceles de Stroessner.
Igualmente estima en 1 millón y medio el número de
paraguayos obligados a salir al exilio. |48|
En "Paraguay Nunca Más" se documenta minuciosamente
el respaldo que le dio el gobierno de los EE.UU. al
gobierno golpista al que reconoció formalmente nueve
días después de la deposición del gobierno constitucional.
En agradecimiento, el gobierno del general Alfredo
Stroessner, se ofrecerá permanentemente al gobierno
de EE.UU. como un aliado, dentro de la "Guerra Fría",
para combatir al comunismo. Igualmente se documenta
las diversas formas de Violación de la Constitución
Política del Estado, con la declaratoria permanente
del "Estado de Sitio", la suspensión de las garantías
personales, el acoso a los disidentes políticos, la
censura a los medios de comunicación, y la creación
de una legislación antisubversiva que facultaba las
detenciones arbitrarias y la tortura.
Otro trabajo de documentación de las violaciones
a los derechos humanos en el gobierno de Stroessner
fue producido por la Iglesia Católica de Misiones,
con el título Koága Roneeta (Ahora hablaremos), Testimonio
Campesino de la represión en Misiones, 1976-1978.
En este libro se expone la brutalidad policial y
militar contra cientos de activistas de las Ligas
Agrarias Cristianas y de la Juventud Agraria Cristiana,
entre otras organizaciones de base, ya que el régimen
de Stroessner consideraba que la Iglesia estaba infiltrada
de comunistas. Igualmente se explica cómo los torturadores
actuaron en Paraguay con mucha fiereza y sadismo,
y que incluso había especialistas en cada tipo de
tortura. Además de describir muchos caso de torturas
y asesinatos de dirigentes campesinos, el libro intenta
identificar a cientos de personas que colaboraron
con la represión, como jueces, alcaldes, intendentes,
entre otros. Como en los otros países del continente,
muchos de estos personajes que cooperaron con los
torturadores, y represores, más tarde, al conquistarse
la democracia, seguirían usufructuando el poder.
Pese a las promesas oficiales de democratizares Estado,
se constata que las estructuras administrativas, policiales
y jurídicas han permanecido inalterables. Todavía
se mantiene la herencia stronista de: Los enormes
poderes del Presidente, la falta de independencia
del Poder Judicial, la presencia masiva de personal
de la dictadura en los altos niveles del Estado, la
inercia en los organismos de fiscalización, la negación
de justicia a las familias de las víctimas. Por eso,
de los cientos de casos denunciados, solo 16 merecieron
atención del Poder Judicial, que abrió procesos investigatorios,
que han continuado con mucha lentitud.
Stroessner fue derrocado por un Golpe de Estado el
2 de febrero de 1989, y a partir de esa fecha, aumentaron
las denuncias de las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante su largo período de gobierno. El
24 de setiembre de 1989 las FF.AA. en pleno, hicieron
público su Pronunciamiento Institucional, en el cual
afirmaron, que "Las Fuerzas Armadas siempre han desempeñado
un papel protagónico en la historia nacional, y que,
se identifican plenamente con la proclama de su Comandante
en Jefe, de "restaurar la dignidad de la nación, y
contribuir con su esfuerzo a la instauración de la
democracia en nuestro país".
Las FF.AA. agregaron que "El bien de un Paraguay
moderno y democrático, es imposible de alcanzar con
el esfuerzo de unos pocos". Enseguida, proclamaron
que, "celosa de la estabilidad política del país y
del bienestar de todos sus habitantes, observan con
preocupación que en algunos sectores de la sociedad
se interprete equivocadamente el concepto de democracia,
que permite el libre ejercicio de los derechos, pero
dentro del marco de la Ley y el respeto a las autoridades.
Concluyeron su Pronunciamiento aclarando que "Sólo
cumpliendo las normas de convivencia social, avaladas
por el respeto a los derechos humanos, se podrá llegar
a la Consecución de los fines e ideales de una verdadera
democracia."|49|
A fines de 1993 se descubrió en Paraguay, de manera
casual, los archivos del sistema represivo de los
gobiernos del cono sur de América, que fueron calificados
como "Los archivos del Terror". Allí se encontró abundante
documentación que explica cientos y hasta miles de
casos de exiliados y detenidos políticos argentinos,
uruguayos, bolivianos, paraguayos, chilenos, brasileños
y paraguayos, muchos de los cuales desaparecieron
a manos de los servicios de seguridad de esos países.
En Paraguay los organismos de derechos humanos siguen
demandando una rigurosa investigación sobre las violaciones
a los derechos humanos de los últimos años.
III. Conclusiones tentativas sobre las
Comisiones de la Verdad en América Latina:
1. La ineficacia del Poder Judicial para
aplicar las leyes e imponer la justicia ante las violaciones
a los derechos humanos exige la existencia de Comisiones
de la Verdad.
2. Las Comisiones de la Verdad en América Latina
muestran diferentes procesos de organización, desarrollo,
y aportación democrática.
3. Los esfuerzos de las Comisiones de la Verdad contribuyen
relativamente a la pacificación nacional, al revelar
la historia oculta de la violencia, y abrir la posibilidad
de sancionar a los responsables de las violaciones
a los derechos humanos.
4. Cuando la investigación de las Comisiones de la
Verdad no conduce a sancionar a los violadores de
los derechos humanos, se convierte en un mecanismo
de impunidad, un recurso oficial para superar el pasado
sin curar las heridas.
5. Para que una Comisión de la Verdad tenga éxito,
además de la participación de los organismos de derechos
humanos, se requiere un amplio movimiento de apoyo
popular, en el cual las organizaciones políticas,
religiosas, académicas, sindicales, campesinas y otras
unan sus esfuerzos. La búsqueda de la verdad tiene
más posibilidades restauradoras en la sociedad cuando
forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación
nacional que compromete a la mayoría de la población.
6. Las Comisiones de la verdad tienen mas probabilidades
de llegar al conocimiento pleno de la verdad cuando
actúan en el período inmediatamente posterior a la
finalización de la crisis de violencia.
7. Las investigaciones encargadas en medio del proceso
de violencia tienden a ser parciales e incompletas,
por el peligro que conlleva identificar y señalar
públicamente a los culpables de violaciones a los
derechos humanos.
8. Las comisiones independientes tienen más probabilidades
de llegar al conocimiento de la verdad que aquellas
integradas por personas que forman parte de gobiernos
acusados de cometer las violaciones a los derechos
humanos.
9. Las investigaciones globales de los sucesos de
toda la etapa de violencia y las medidas de reparación
tienen un impacto restaurador de la paz social mayor
que las investigaciones y las soluciones parciales.
1. Se sumaron a la lista dictadores que
incluía, entre otros, a Rafael Leonidas Trujillo, en
República Dominicana; Pérez Jiménez en Venezulela, y
Fulgencio Batista, en Cuba.
2. El superministro de Economía del
régimen militar argentino, José Alfredo Martínez de
Hoz, aseguró en su libro "Bases para un Argentina
Moderna", que los cimientos de su política económica
se basaban en "la liberalización de la economía y
en la modernización del sistema productivo". (Diario
El País, Madrid, 6 de enero de 1982).
3."El fracaso internacional de la
Seguridad Nacional". Documentos del III Foro de
los Derechos Humanos, Bogotá, 1983. Editorial Colombia
Nueva, pág. 8.
4. Horacio Verbitsky, "La Posguerra
Sucia",Ed. Legasa, Bs.As., 1985, pág. 25
5. Luis Pérez Aguirre, "El Uruguay
Impune y la memoria social", pág. 31. Tribunal
Permanente de los Pueblos. Sesión Uruguay. Abril 1990.
Montevideo, Uruguay.
6. Carlos Chipoco, "El derecho a
la verdad". En Paz, N 28. Págs. 83 al 106,
Lima, marzo de 1994. Chipoco comenta el desarrollo
de esta teoría en los casos de Argentina, Chile y
El Salvador.
7. "La reparación por parte del
Estado hacia las víctimas de la Tortura". Carlos
Madariaga, en Reflexión, Cintras, año 7, N
22, diciembre de 1994, págs. 9 al 11.
8. En Perú, con el gobierno del presidente
Fujimori este sometimiento del poder judicial al poder
ejecutivo en 1995 con las leyes de Amnistía a los
militares violadores de los derechos humanos. Ley
N 26479, llegó a extremos desconocidos en latinoamérica.
9. Boletín CAJ N 13, Lima, diciembre
de 1986.
10. AI: AMR 53/01/94/s AU 04/94. Londres.
11. Horacio Verbitsky, "La posguerra
sucia", Ed. Legasa, Bs.As., 1985, pág. 30, 1985.
El "Documentos Final" de las FF.AA. Fue publicado
íntegramente en DIAL N 83, Barcelona, 20 de mayo de
1983, págs. 1 al 8.
12. CONADEP, "Nunca Más", pág.
254.
13. Horacio Verbitsky, "El vuelo",
Ed. Seix Barral, Barcelona, 1995, pág. 21
14. Ibid. Pág. 38. Hasta la fecha
las Madres de Plaza de Mayo, en manifestaciones frente
a la catedral de Buenos Aires, siguen pidiendo la
separación de los sacerdotes católicos que apoyaron
a los torturadores.
15. Ibid. Pág. 38. Hasta la fecha
las Madres de Plaza de Mayo, en manifestaciones frente
a la catedral de Buenos Aires, siguen pidiendo la
separación de los sacerdotes católicos que apoyaron
a los torturadores.
16. Dirección de Inteligencia Nacional.
La DINA fue la cabeza y el corazón del sistema represivo
pinochetista. Sus terroríficas acciones traspasaron
las fronteras chilenas y causaron víctimas en EE.UU.
(Orlando Letelier), Argentina (Gral. Carlos Prats),
Italia (Bernardo Leighton), Paraguay y en otros países.
17. Lo que sigue está basado en el
informe "De la Locura a la Esperanza" de la
Comisión de la Verdad para el Salvador.
18. Por su propia iniciativa los poderes
Judicial y Ejecutivo raras veces intentaron esclarecer
las violaciones a los derechos humanos. Tanto el Presidente
de la Corte Suprema, como los encargados de la Fiscalía
de la Nación, en los últimos 15 años, obraron más
bien, para impedir el esclarecimiento de los delitos
denunciados por los organismos de derechos humanos.
19. Por su propia iniciativa los poderes
Judicial y Ejecutivo raras veces intentaron esclarecer
las violaciones a los derechos humanos. Tanto el Presidente
de la Corte Suprema, como los encargados de la Fiscalía
de la Nación, en los últimos 15 años, obraron más
bien, para impedir el esclarecimiento de los delitos
denunciados por los organismos de derechos humanos.
20. Mario Castro Arenas, "Uchuraccay
en la Historia", Memoria Anual 1993 del Colegio
de Periodistas del Perú, Lima, pág. 18
21. A pesar de esto, la Comisión Investigadora,
muy pomposamente en su Informe indica que "desea destacar
el hecho, de gran significación democrática, de que,
acaso por primera vez en la historia de la República,
civiles y militares, miembros del Gobierno y de la
oposición, funcionarios y simples particulares, aceptan
comparecer ante una Comisión Independiente..."
22. Revista "Oiga", "Informe
sobre Uchuraccay", texto completo, Lima, Perú,
7 de marzo de 1983, pág. 25 a 36.
23. Revista "Oiga", Lima, Perú, 7
de marzo de 1983, págs. 25 a 36.
24. Revista "SI", "Las versiones
de Uchuraccay", Lima, Perú, 16 de marzo de 1987,
pág. 75
25. La Revista "Caretas" informó,
que cuando el Fiscal de la Nación, Gonzalo Ortiz de
Zevallos, intentó viajar hacia Uchuraccay para investigar
la masacre, el Presidente de la República le pidió
quedarse en Lima un día más, para asistir al acto
de instalación de la Comisión Investigadora. El tiempo
pérdido en ese acto protocolar era suficiente para
destruir muchas huellas del crimen. "Qué pasó en
Uchuraccay?", Revista "Caretas", Lima,
Perú, 7 de febrero de 1983, pág. 15.
26. El decano de los periódistas,
Mario Castro Arenas, calificó como "sospechoso" el
asesinato de varios comuneros de Uchuraccay, como
Celestino Ccente, Silvio Chávez y Marcía Gálvez de
Gavilán, ocurridos en los cuatro meses posteriores
a la masacre. "El Diario", Lima, 5 de junio
de 1983, pág. 4 "Muerte de mujer de Gavilán produce
estupor e indignación".
27. Carlos Chipoco Cáceda, Francisco
Eguiguren Praeli y Miguel Talavera Rospigliosi. "Los
Sucesos de los Penales: Nueva abdicación de la autoridad
democrática. Un enfoque jurídico". Instituto de
Defensa Legal, Lima, septiembre de 1986. Como puede
verse, el IDL se adelantó así en dos años a la Comisión
Investigadora del Congreso, que trabajó con mucha
lentitud debido a las maniobras de los representantes
oficialistas.
28. Esta conducta también sería típica
de los otros congresistas oficialistas en los años
siguientes, como fue el caso de Gilberto Siura, de
Cambio 90, con sus insólitas versiones sobre el Caso
La Cantuta, en el período de Fujimori.
29. Rolando Armes et al. "Perú
1986: Informe al Congreso sobre los sucesos de los
Penales.", Lima, febrero de 1988, págs. 289 a
305.
30. Comisión Andina de Juristas, "Informativo
Andino", N 98, "El caso Neira Alegría y otros,
contra el Estado Peruano" por la masacre de El
Frontón, pág. 5, Lima, 30 de enero de 1995.
31. "El golpe militar de Banzer fue
dirigido por el imperialismo norteamericano, con la
participación de agentes de la dictadura militar brasileña
y por supuestos de la burguesía local, muy especialmente
por los grupos de origen alemán". José Oruro, "Sociedad
y Política", Lima, noviembre de 1980, pág. 38.
32. Latinamerica Press, London 31
de marzo de 1983, pág. 2 Vol 15, N 1
33. El equipo principal de trabajo
estuvo integrado por: Juan del Granado Cosío, Freddy
Padilla Ledesma, Julio César Sandoval, José Padilla
Ledesma, Julio César Sandoval, José Luis Gutiérrez
Sardán, Miguel Angel Virrueta. Todos representantes
de los principales organismos acusadores.
34. "Justicia y Dignidad",
APDHB, Sucre, 1992, pág. 12
35. "Justicia y Dignidad", pág. 78
El acta del compromiso de Altmann con las FF.AA. de
Bolivia dice lo siguiente: 1) Yo, Klaus Altmann Hansen
me comprometo a prestar servicios de orden incondicional
con el Ejército de Bolivia dentro de la especialidad
de inteligencia. 2) Asimismo me comprometo a participar
directamente en planteamiento y operaciones que requiera
el Ejército de Bolivia y donde se requiera mi participación
activa. 3) Me comprometo guardar la reserva en cuanto
realice, exista, conozca o participe, poniendo como
garantía mi vida. 4) Yo, Cnl. Daen Luis Arce Gómez
a nombre del Ejército Nacional con las atribuciones
que me competen, otorgo con venia de la Superioridad
el grado de Tcnl. Honorífico al señor Klaus Altmann
Hansen".
36. Ibid. pág. 39
37. Tribunal Permanente de los Pueblos,
"Proceso a la Impunidad de Crímenes de Lesa Humanidad
en América Latina, 1989-1991", Liga Internacional
por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Sección
Colombiana, Bogotá, junio de 1991, 543 págs. Págs
281 y 283.
38. Arquidiócesis de Sao Paulo, "Brasil
Nunca Más", pág. 32
39. Ibid., págs. 43 a 50.
40."Brasil Nunca Más", Arquidiócesis
de Sao Paulo, pág. 272
41. "Dossie Dos Mortos e Desaparecidos",
Documento do Comité Brasileiro pela Anistia, Seccao
de Rio Grande do Sul, Estado de Rio Grande do Sul,
1984, Assembleia Legislativa, pág. 13. En el informe
se presentan los casos de 6 brasileños desaparecidos
en Argentina y cinco en Chile, en 1973.
42. CENCOS, 140. México D.F., septiembre
de 1995, pág. 26.
43. Vea el excelente comentario que
expone sobre este libro el Reverendo Heinz Dressel,
en las páginas de memoria.
44. Revista "Acción", pág.
21 a 24, octubre de 1974, Asunción, Paraguay.
45. Presento mayor información sobre
este sistema represivo internacional durante las décadas
de los 70 y 80 en mi artículo "La operación Cóndor:
El terrorismo de Estado de alcance transnacional",
en "Memoria" N 5, Dokumentations und Informationszentrum
Menschenrechte in Lateinamerika, Nürnberg, 1993, págs.
38 a
46. La lista completa de estos paraguayos
desaparecidos en Argentina fue publicada por el Consejo
Mundial de Iglesias, en su informe "The Human Rights
situation in Paraguay", Febrero de 1988, Ginebra,
pág. 14
47. Dr. Ben S. Stephansky y Professor
Robert J. Alexander, "Report of Commission of Enquiry
into Human Rights in Paraguay of the International
League for Human Rights", September 1976, págs.
35 a 38.
48. CIPAE, "Paraguay Nunca Más",
Pág. 212
49. "Acción", pág. 9, N 100,
octubre de 1989, "Síntesis del pronunciamiento
de las FF.AA.."
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