La provincia fue uno de los grandes focos de represaliados en todo el país

 

 

Málaga, EFE    29 de mayo de 2013

Las labores de arqueólogos y archiveros para documentar el horror de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista se han unido en una exposición inaugurada hoy en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, provincia que fue uno de los grandes focos de represaliados en todo el país.

Prueba de ello es que en el antiguo cementerio de San Rafael de la capital malagueña se ha hallado el mayor conjunto de fosas comunes de España, con más de 4.500 fusilamientos documentados.

Rescatados de San Rafael se observan objetos personales como monedas, una cuchara, un dominó hecho con cañas, un peine, una hebilla, botones de tranviarios o una llave, y de otro lugar marcado en este mapa del terror, el municipio de Teba, se exponen un anillo, un crucifijo, un reloj de bolsillo, un mechero de gasóleo o una boquilla para fumar.

Junto a estos efectos, numerosa documentación da cuenta de los trámites que se seguían para justificar las ejecuciones o de las listas que se empezaron a elaborar ya en 1937 por las autoridades del nuevo régimen con los nombres de los «asesinados por los rojos», según la terminología del momento.

Los expedientes de la Prisión Provincial de Málaga detallaban la fecha de ingreso de cada recluso, datos como su profesión y el delito por el que se le encarcelaba, frecuentemente el de «rebelión».

Una anotación con lápiz rojo en la parte superior del expediente mostraba una fecha acompañada de las siglas «LN», que escondían el macabro eufemismo «Libertad Negra», con el que los funcionarios se referían al día en que el preso había salido de la prisión para ser ejecutado, ha explicado la directora del Archivo Histórico Provincial, Esther Cruces.

El Boletín Oficial de la Provincia del 23 de junio de 1937 recogía la orden del gobernador civil de Málaga para que los alcaldes de la provincia remitieran las listas de personas «asesinadas por los rojos».

Una de esas listas, elaborada en Ronda, añadía una descripción junto a cada nombre, y de uno de los asesinados se decía que era una «persona de inmejorables antecedentes y de ideales derechistas», mientras que de otro se apuntaba que «mantenía discusiones en sitios públicos, criticando la labor de las izquierdas».

En el capítulo de anécdotas, se expone la orden del gobernador civil a los alcaldes para el «traslado inmediato al Valle de los Caídos de los restos de héroes y mártires de la Cruzada», curiosamente «sin distinción del campo en que combatieron».

Esa encomienda llevó a que el propio alcalde de Ronda reconociera en una carta al gobernador civil la existencia en su municipio de tres fosas de unos sesenta metros cuadrados con 1.607 restos en el cementerio de San Lorenzo.

La exposición, que permanecerá instalada hasta el próximo 25 de octubre, ha sido inaugurada por el director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Gabriel Naranjo, quien ha señalado que «cada cuerpo que se rescata de una fosa es una evidencia de un delito contra la Humanidad, que es imprescriptible por su propia naturaleza».

Para Naranjo, esta exposición permite una «contextualización de lo que pasó» y ayuda a comprobar cómo «se produjo un auténtico genocidio que fue el acto fundacional del franquismo» y que «fue algo generalizado y formaba parte de un plan sistemático».

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