El exjuez compareció ante la magistrada que encabeza la causa contra los crímenes franquistas abierta en Argentina

 

El exjuez de la Audiencia nacional compareció ante la magistrada que encabeza la causa contra los crímenes franquistas abierta en Argentina, María Servini de Cubría, para confirmar que la causa abierta en Buenos Aires es la única posibilidad que les queda ahora a las víctimas para que se investigue a los responsables de la dictadura

ANA DELICADO Buenos Aires 27/05/2013

Baltasar Garzón se presentó este lunes ante la jueza María Servini de Cubría para apoyar como testigo la causa abierta en Buenos Aires para juzgar los crímenes del franquismo. Durante dos horas y media, el magistrado explicó cuáles habían sido los obstáculos con los que se encontró para abordar esa misma investigación desde España, y por qué había sido apartado, tal y como figura en el acta en la que se volcó la declaración testimonional de Garzón y a la que ha tenido acceso Público.

El que fuera juez instructor de la única causa que se abrió en España para investigar los crímenes franquistas explicó ante la jueza que ese proceso que luego se vio abortado comenzó en diciembre de 2006, cuando comenzó incorporar al sumario las querellas de distintas víctimas, organizaciones de víctimas y organismos de derechos humanos. «Los hechos denunciados se referían a la represión iniciada y desarrollada por el régimen franquista y las autoridades civiles y militares que lo representaban», señaló Garzón.

El magistrado precisó que desde la fecha de incoación (cuando comenzó el proceso judicial) y hasta octubre de 2008 se ratificaron las denuncias «que se referían a la ejecución sistemática de crímenes contra la vida, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra bienes [y] sustracciones de menores de edad, entre otros».

Garzón constató que existía prueba documental que confirmaba lo anterior y que hasta ese momento no se había abierto ninguna otra causa en España que investigara los crímenes de la dictadura franquista. «La existencia del plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, robo de niños, entre otros, tiene constancia documental en diversos documentos del General Franco, Queipo de Llano, Mola y otros (…). Desde luego no son los únicos, pudiendo accederse a archivos históricos como el museo del Quai D’Orsay en el que consta un documento en el que el General Franco en 1935, entonces jefe del Alto Estado Mayor, le reconoce al embajador francés que era necesario eliminar a todo aquel que se opusiera a la dictadura».

Garzón explicó a la jueza cómo surgió el proceso contra la dictadura

El 16 de octubre de 2008, «y luego de que las propias víctimas a mi requerimiento fijaran una cifra provisional de las mismas en 114.000 personas», Garzón dictó un auto en el que fijaba la competencia de los tribunales españoles en general y en concreto del Juzgado Central de Instrucción nº 5, del que él formaba parte, para que investigara los delitos desde 1936 hasta diciembre de 1951, «fecha en la que fueron eliminados los últimos opositores franquistas que estaban en actividad armada contra el régimen».

 

 

En una segunda resolución, el 18 de noviembre de 2008, el exjuez de la Audiencia Nacional estableció que la causa debía ampliarse en los juzgados que resultaran territorialmente competentes. «La investigación se extendía al caso de los ‘niños robados del franquismo’ y que se concreta en la cifra de 30.000 menores de edad, que a partir de 1936 fueron sustraídos a sus familias de origen por el mero hecho de ser republicanos, y por considerar que las mismas no eran adecuadas para educar a estos niños en el nuevo régimen iniciado por el franquismo», Garzón detalló a la jueza argentina cómo después, en marzo de 2012, el Tribunal Supremo resolvió que no podían investigarse los crímenes franquistas como delitos de lesa humanidad, «dejando a las víctimas sin ningún amparo judicial de la vista penal» con la excepción de un caso de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre un bombardeo de las fuerzas italianas en aquella ciudad, y que se definió como «delito de guerra».

El exjuez de la Audiencia Nacional también comentó que sí existía una investigación sobre el robo de niños que se produjeron entre 1960 y 1970, pero que eran ajenos a la causa. «La investigación del robo de niños que obviamente, tiene el carácter de delito permanente acontecido hasta 1951, pero proyectados sus efectos durante esos primeros años y posteriormente hasta el día de hoy, siguen sin ser investigados».

Garzón contradijo las conclusiones del informe del 6 de mayo de 2011, «aparentemente de la de la Fiscalía General del Estado de España, ya que no aparece firmado por nadie», en las que se aseguraba que se estaban investigando los hechos delictivos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. «La desaparición de menores a la que se refiere en ningún caso es la que fue objeto de mención y estudio en mi auto de fecha 18 de noviembre de 2008», indicó.

El magistrado denunció que se había aplicado de manera implícita la Ley de Amnistía de 1977 para cerrar la investigación de su juzgado

El magistrado aclaró que la catalogación de los crímenes franquistas en su investigación como delitos de lesa humanidad se basaba en una resolución del propio Tribunal Supremo español por el que se condenaba a 1048 años de prisión al ex militar argentino Adolfo Scilingo en base a los crímenes que había perpetrado en el centro clandestino de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires durante la dictadura argentina (1976-1983).

Garzón también citó resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirmaban que la desaparición forzada de personas constituían crímenes de lesa humanidad. Como ya expuso en otras ocasiones cuando fue apartado de la causa, el magistrado denunció que se había aplicado de manera implícita la Ley de Amnistía de 1977 para cerrar la investigación de su juzgado, «quebrantando con ello los propios términos de la ley que nunca se pensó para aplicarla a este tipo de crímenes y principios internacionales a través de normas de derecho convencional de las que España es parte y del principio de ius congens que obliga a todo juez a investigar tales hechos».

«Lo anterior implica que (…) la única instancia judicial en el mundo que está investigando estos crímenes de naturaleza internacional es este juzgado,y por tanto el único y último reducto de las víctimas para que puedan ejercer su derecho fundamental ante la Justicia», expuso Garzón ante Servini de Cubría.

«Vino a confirmar lo que denunciamos» celebró en declaraciones a Público uno de los abogados argentinos que promueve la causa contra el franquismo, Máximo Castex. «Se le mostró a Garzón el informe de la Fiscalía General en respuesta al primer exhorto que mandamos nosotros y lo fue desmintiendo punto por punto». Y lo más importante: «confirmó la imposibilidad de investigar los crímenes del franquismo en España», lo que permite a Argentina tomar parte activa en la investigación de los delitos del franquismo en base a los principios de justicia universal.

Las comparecencia de Garzón ante Servini de Cubría es uno de los mejores apoyos que podía recibir ahora el proceso, precisamente cuando desde España las autoridades están intentando impedir por todos los medios que doce víctimas del franquismo declaren por videocoferencia ante la magistrada. «Queda de manifiesto que [la causa abierta en Argentina] es la única posibilidad que tienen las víctimas para alcanzar y tratar de averiguar la responsabilidad penal de los autores por los cuales se querellan, y alcanzar así la verdad y la justicia», concluye el abogado.

http://www.publico.es/456144/garzon-defiende-en-argentina-la-causa-del-franquismo