En la inmensa mayoría de sus decisiones, el Supremo se ha puesto siempre del lado de la dictadura, del lado de los verdugos y enfrente de sus víctimasNo hay que ser independentista para sorprenderse de que en una sala del Alto Tribunal se acuse de golpistas a los políticos catalanes, mientras en la otra se legitima a los golpistas que secuestraron nuestras libertades durante cuarenta años

España, junio de 2019. El Tribunal Supremo retrocede 83 años en el tiempo no solo para legitimar a Francisco Franco, sino también para dar la razón a Adolf Hitler y a Benito Mussolini. Ellos fueron dos de los pocos líderes mundiales, y los únicos de relevancia, que dieron por buena la designación como jefe del Estado de un general gallego, bajito y con voz atiplada, llevada a cabo por una horda de militares golpistas en el otoño de 1936. El Führer y el Duce han dejado de ser los únicos, porque ahora esa elección ilegal ha sido avalada por nuestro Tribunal Supremo.

Es difícil creer que la perversa redacción de ese auto sea fruto de un inocente error o de la mera traición de un subconsciente que ha pasado demasiadas horas cara al sol. Aunque es la más grave, se trata de una decisión más. Una decisión que ahonda en la jurisprudencia filofranquista aplicada por el Alto Tribunal durante todo el periodo democrático. La lista de ejemplos es amplia y reveladora. El Supremo evitó condenar a varios alcaldes que habían incumplido la Ley de Memoria Histórica al negarse a retirar la simbología fascista de las calles. El Supremo, recientemente, ha rechazado que los familiares de las víctimas tengan el derecho a obtener ayudas económicas estatales para recuperar los restos de sus seres queridos, asesinados por defender la democracia y la libertad. El Supremo inhabilitó a Baltasar Garzón cuando osó investigar los crímenes del franquismo. Los magistrados buscaron la excusa para hacerlo en otro de los casos que instruía, pero la «coincidencia» no pasó desapercibida para nadie. El primer juez en 40 años de democracia que osaba poner su foco en el tirano era conveniente y oportunamente defenestrado.

Es una evidencia que, en la inmensa mayoría de sus decisiones, el Supremo se ha puesto siempre del lado de la dictadura, del lado de los verdugos y enfrente de sus víctimas. Es obvio también que parte del problema proviene de una Ley de Memoria Histórica descafeinada que encaja perfectamente en una legislación global amable con el franquismo. Una legislación que ni siquiera anula las sentencias dictadas en los juicios farsa que celebraban los tribunales militares y civiles durante la guerra y la posterior tiranía. Una legislación que, en el mejor de los casos, es tan equidistante y ambigua como para que cualquier magistrado con caspa pueda interpretarla a mayor gloria del «Caudillo». Sin embargo, las leyes no son las únicas culpables. La judicatura sigue trufada de magistrados que esconden bajo sus togas la camisa azul heredada de sus padres y sus abuelos.

Con este auto, el Tribunal Supremo ha terminado de dilapidar buena parte de la ya escasa credibilidad que atesoraba. Apenas han pasado seis meses desde aquel sonrojante día en el que su presidente corrió, más que nunca, para evitar que los bancos tuvieran que pagar el impuesto de las hipotecas. No le importó saltarse todos los procedimientos establecidos hasta ese momento… ni humillar a los miembros de la sala competente corrigiendo su decisión… ni embarrar la imagen de la institución que presidía. La banca mandaba y ganaba.

Sin haberse recuperado de aquel desastre, el Supremo ha dado el penúltimo paso hacia el abismo. Y lo ha vuelto a hacer en el peor de los momentos. No hay que ser independentista para sorprenderse de que en una sala del Alto Tribunal se acuse de golpistas a los políticos catalanes, mientras en la otra se legitima a los golpistas que secuestraron nuestras libertades durante cuarenta años. No hay que ser independentista para dudar de la credibilidad e incluso de la legitimidad de esos magistrados para quemar en la hoguera a quienes se saltaron la Constitución el 1 de octubre de 2017 en una acción incruenta que apenas tuvo consecuencias reales, al mismo tiempo que avalan la proclamación ilegal de un dictador que acabó a bombazos con el orden constitucional vigente, provocó una guerra que arrasó el país y asesinó a decenas de miles de demócratas.

Este miércoles la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha exigido al Supremo que rectifique su auto. No estaría de más que esa corrección fuera acompañada de una petición de perdón a todos los españoles, en general, y a las víctimas del franquismo, en particular. Está por ver si Carlos Lesmes y sus huestes atienden la exigencia, recuperando una pequeña parte de la dignidad perdida, o demuestran que su sitio continúa estando al lado de dictadores y banqueros.

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