Aprobada la ley de Memoria Democrática de Aragón, con multas de hasta 150.000 euros
La expectativa es que el parlamento lo apruebe antes de que acabe 2017
El Gobierno de Aragón ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Memoria Democrática basado en los principios de verdad, justicia y reparación y que incluye sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en las infracciones muy graves.
El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno al proyecto de ley con la previsión de remitirlo a las Cortes de Aragón de manera inmediata y la expectativa de que el parlamento lo apruebe antes de que acabe 2017, en coincidencia con el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica estatal.
«Ninguna sociedad puede olvidar su pasado si no quiere exponerse a repetirlo», ha destacado como «leitmotiv» de la ley el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha remarcado que el texto está basado en los principios de verdad, justicia y reparación.
El proyecto de ley entiende que las instituciones de Aragón deben asumir su responsabilidad en el reconocimiento de las injusticias y la debida atención hacia las vÃctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, atendiendo en primer lugar el derecho de los familiares de las vÃctimas asesinadas que yacen en fosas y cunetas de encontrarlas e identificarlas.
Guillén ha precisado que el proyecto de ley, en el que han participado las asociaciones memorialistas, incluye como aspecto más «valiente» y «delicado» respecto a la estatal la realización de trabajos que conduzcan a solicitar al Gobierno central la derogación, total o parcial, de la Ley de AmnistÃa de 1977 en los casos en los que ampare la impunidad.
También una regulación mejor de la figura de la desaparición forzosa, como estipulan los organismos de Derecho Internacional, o la tipificación como delito de las formas que atenten contra la dignidad de las vÃctimas.
Además, atendiendo a la demanda de «justicia» de las vÃctimas, el Gobierno de Aragón reclamará al central que actúe para la anulación de los juicios franquistas para la plena reparación de los juzgados hacia sentencias emitidas por órganos ilegÃtimos de justicia.
También se amplÃa el periodo que abarca la ley, en el caso de la aragonesa entre 1931 y 1978 mientras que la estatal se circunscribe al periodo 1939-1978, y la consideración de vÃctima, teniendo en cuenta el género en todas las actuaciones vinculadas a la gestión de la memoria y el reconocimiento a los fallecidos en los campos de concentración en Europa.
Siguiendo el criterio de «verdad», la ley arbitra medidas para realizar polÃticas activas en materia de exhumaciones, de acceso a la información y generación de conocimiento, con la creación de un Censo de Memoria Democrática y de un centro y un fondo de investigación en colaboración con las entidades académicas, asà como una «web» como instrumento de comunicación de las polÃticas públicas en este ámbito.
Para la reparación, plantea un reconocimiento de vÃctimas plural, con énfasis en colectivos poco visibilizados, como las mujeres como mano de obra forzada, exiliados polÃticos o niños y niñas recién nacidos «sustraÃdos» y entregados ilegalmente a otras personas, asà como a las vÃctimas de los campos de concentración franquistas.
La ley establece la celebración del DÃa de la Memoria Democrática el 3 de marzo, en coincidencia con el bombardeo de la aviación italiana sobre la ciudad turolense de Alcañiz en 1938 y que causó más de quinientos muertos como un «sÃmbolo del sufrimiento de la población civil», ha apuntado el consejero.
Además, el texto aborda los lugares y rutas vinculados a la Memoria Democrática de Aragón, con el establecimiento del grado de protección pertinente adecuando su gestión a la legislación de Patrimonio Cultural de Aragón.
Respecto a las exhumaciones, se prevé una actualización del mapa de fosas, la aprobación de un Reglamento que contendrá un Protocolo de Exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y del franquismo y se creará un Depósito de ADN homologado con otras bases de datos similares de las Administraciones Públicas para poder intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes y vÃctimas.
También se hará un censo de sÃmbolos franquistas, con obligación de su retirada de los espacios públicos de placas, escudos o insignias alusivas a la Guerra Civil y el franquismo, y se revocarán los acuerdos de cualquier distinción o tÃtulo honorÃfico o exaltación de las personas vinculas al régimen franquista.
Y desde la máxima de no repetición, se prevé la revisión, en el ámbito educativo, de contenidos del currÃculo y un impulso a las actividades de sensibilización.
La ley incluye un régimen sancionador de las acciones contra la ley, de 200 a 2.000 euros las leves, de 2.001 a 10.000 las graves y de 10.001 hasta 150.000 las muy graves. Además, las administraciones locales que no retiren los sÃmbolos franquistas no tendrán derecho a recibir subvenciones.
