Las nuevas investigaciones sobre lo ocurrido en los primeros meses de la Guerra apuntan cómo se desarrollaban los ‘paseos’

 

 

Las nuevas investigaciones sobre lo ocurrido en los primeros meses de la Guerra Civil Española apuntan cómo se desarrollaban los ‘paseos’. Incluso con documentos tan extraordinarios como la denuncia, con nombre y apellidos del delator, que provocó el del abogado izquierdista José Fuertes; siendo la primera vez que se publica uno de estas características. Los diarios de los Roa de la Vega cuentan también cómo se asesinó al famoso abogado del Estado Esteban Zuloaga, que apareció muerto con once tiros en la carretera de San Andrés. Además, las autoridades tuvieron que ‘imaginar’ que algunos ciudadanos habían desaparecido extrajudicialmente al emitir certificados de su paradero.

Por ‘paseado’, cuando no se refiere al participio del verbo pasear, hay que entender que se trata de todo aquel asesinado —en particular durante el período de la Guerra Civil—, que no fue sometido a un juicio previo ni ‘ajusticiado’ de modo regular por las autoridades gubernativas del momento. Es decir, que no ha sido procesado formalmente, aunque sí ha podido ser detenido. Por supuesto, hubo miles de ‘paseados’ en ambos bandos.

Tanto en las listas publicadas de represaliados (fusilados tras consejo de guerra y ‘paseados’), como de presos ‘residentes’ en San Marcos, es común encontrar graves errores en publicaciones recientes. De lo que no  cabe la menor duda es de que las muertes reales son superiores a las publicadas y de que los leoneses presos en San Marcos fueron muchos más que los que aparecen en ellas. Sencillamente hubo cientos de leoneses de la capital que fueron retenidos en San Marcos, pero al no habérseles abierto proceso no figuran en lista alguna.

Así, la ‘literatura’ periodístico-histórica leonesa está plagada de graves errores: ni Zuloaga estuvo preso en San Marcos ni Santiago Pallarés fue ejecutado ni Agripino Brea ‘desaparecido’ en León, ni el alcalde Luaces fusilado (murió de un ataque al corazón mientras jugaba una partida de cartas en 1953). Ni mucho menos —en el colmo del delirio periodístico— un hijo de Ramón Pallarés Berjón (los cinco hermanos varones estuvieron presos por los ‘nacionales’) colaboró con espía nazi alguno.

Las listas de fusilados incluyen niños que se accidentaron en bicicleta, fallecidos por muerte natural y otras causas que no tienen nada que ver con estar preso y ser ejecutado de una u otra manera por los sublevados. Estas incorrecciones no reparan precisamente la ‘memoria histórica’, puesto que ocultan a varios que sí fueron ‘eliminados’ en aquellos terribles momentos.

José Fuertes Martínez, el ‘paseado’ que no está en ninguna lista

Así sucede con el abogado, natural de Trobajo del Camino y residente en León (avenida del Padre Isla número 33), José Fuertes Martínez, quien, como tantos otros ‘desaparecidos’ tampoco figura en lista publicada alguna y que, sin embargo, también fue ‘paseado’. José Fuertes era un joven conocido abogado soltero de 24 años, que aparece citado en la prensa de la época junto a los casos profesionales en los que intervenía defendiendo a todo tipo de presuntos delincuentes. Además, como él reconoce en sus propias declaraciones, pertenecía a Izquierda Republicana y después de la Revolución del 34 intervino y recogió firmas para solicitar la libertad de los presos. También ayudaba en asuntos jurídicos a miembros del Sindicato Minero Castellano liderado en León por Antonio Fernández Martínez. En agosto de 1936 José Fuertes fue detenido. Un despiadado informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia decía:

1º. A raíz del comienzo del Glorioso Movimiento Nacional fue detenido por su significación extremadamente izquierdista, y puesto más tarde en libertad, sin saberse más de él. Era mala persona en su conducta moral, pues se acompañaba continuamente de mujeres de vida pública, formando escándalos, por los que alguna vez fue presentado en esta Comisaría. En el aspecto religioso también era malo, pues no sólo no cumplía sus deberes en tal aspecto, sino que maldecía de ellos, y parece ser que en una ocasión con otros colocó una bomba en la casa de un sacerdote; en su ideología coincidía con las del partido de Izquierda Republicana, habiendo contribuido con dos pesetas para regalar un pergamino a Azaña; virtudes no se le conocía ninguna, en cambio tenía muchos vicios, pues además de lo expuesto solía embriagarse.

2º. Se dedicaba a dar mítines por varios pueblos, y en uno de ellos dado en Armunia, dijo que había que hacer desaparecer a la Guardia Civil, a la que odiaba como igualmente a los agentes de Policía. Fue siempre gran propagandista y especialmente durante el período preparatorio de las últimas elecciones, siempre de las ideas más avanzadas e incitaba a los obreros a la violencia.

3º. Después del Alzamiento Nacional, y antes de ser detenido, no se le vio actuar, pudiéndose asegurar que, dada su manera de ser y de pensar, no podía estar conforme con este Movimiento.

4º. Como arriba queda indicado, parece ser que estaba afiliado a la Izquierda Republicana, figurando también como socio del Ateneo Obrero, de tendencias marxistas.

5º. Carece en absoluto de bienes propios y el único medio de vida se lo daba su carrera de abogado, si bien, por su poco amor al trabajo, los ingresos debían ser pocos.

Además, José Fuertes había tenido unos días antes del ‘alzamiento’ más problemas con la Justicia. Otro informe de la Comisaría le acusaba de haber intentado violar a una mujer «que reclamó auxilio» el 8 de julio de 1936, ante lo que un mozo del hotel Nieto le amenazó con una escopeta de caza «al tratar de penetrar con una tanguista en dicho hotel» y se asegura que se negó «a firmar [José Fuertes] la comparecencia en esta Comisaría por no haber sido redactada por él como abogado, observando una conducta poco correcta con los funcionarios de servicio».

A pesar de lo aquí expuesto, el 22 de agosto de 1936 el juzgado de instrucción certifica que José Fuertes carece de antecedentes penales y tampoco ha sido condenado en ningún juicio de faltas. Éste explica en sus declaraciones que no tuvo parte activa en el ‘alzamiento’, y de este modo propone a varios testigos, algunos de reconocido prestigio y considerados ‘hombres de orden’ como el médico Olegario Llamazares, el farmacéutico Matías Robla Contreras, el procurador Manuel Menéndez Ramos o Sira San Pedro, viuda de Zarauz.

La denuncia del vecino que ‘condenó’ a Fuertes

Con lo que no contaba José Fuertes es que un personaje de Trobajo llamado Gumersindo de Toledo Fernández lo había denunciado el 16 de agosto. A Gumersindo se le puede localizar en los archivos durante el mes de agosto de 1936 efectuando numerosas aportaciones económicas para la suscripción Pro Fuerza; algunas en su nombre pero otras muchas a nombre «del pueblo de Trobajo», o «por orden de un tejero de Trobajo». Estas prácticas eran comunes que las realizaran importantes falangistas, como así las realizaba el conocido jefe de centuria Florentino Borge, quien enviaba a la Comisión Pro Fuerza, oro, dinero y todo tipo de suministros en especie desde San Emiliano.

Esos días de agosto de 1936 fueron terribles en cuanto a la presentación de denuncias. El propio doctor Eduardo Pallarés se queja amargamente de que su encarcelamiento se debe a una denuncia de otro reputado doctor llamado Joaquín Valcarce. Eduardo Pallarés acusa directamente al doctor Valcarce de ser el causante de la denuncia que lo llevó a prisión ese mismo 17 de agosto (causa 493/37, Archivo Intermedio Militar del Ferrrol, folio 44 vuelto): «Fui detenido por orden del médico presidente de la Cruz Roja Sr. Valcarce […]». Este delator era el oculista del hospital San Antonio Abad y sustituyó en la presidencia de la Cruz Roja de León al ex seleccionador nacional de la Selección de Fútbol Joaquín Heredia Guerra que a finales del noviembre del 36 sería ‘paseado’ cerca de Mansilla de las Mulas.

Y, sin embargo, esas denuncias tan difíciles de demostrar documentalmente existieron. Y para muestra, la que tal vez le supuso la muerte al abogado José Fuertes Martínez. En la fotografía se lee una de las primeras denuncias que se hacen públicas en España con el nombre y apellidos del delator. Las hay en los archivos, pero pocas, ya que la Guardia Civil se deshizo de muchos. Este tipo de documentos ofrecen consistencia al dato frente a la ‘memoria oral’, que no suele ser nada fiable en estos casos como se está demostrando con ellos.

Cuando encuentran el cuerpo de Fuertes, en el expediente de incautación se adjunta un certificado de defunción en el que se especifica que: «[…] natural de Trobajo del Camino […] fue hallado junto a otro en una huerta en las afueras de esta Villa, vestía gorra negra, mono y pantalón claro, gabuchas claras, piso goma, el cual se le encontró un mechero de mecha y un pañuelo en el bolsillo de color, que quedó en poder del Juzgado. Falleció […] a las dos horas a consecuencia de heridas de arma de fuego según resulta de dictamen facultativo […]».

Once tiros para el abogado Esteban Zuloaga

Otra de las historias versa sobre Esteban Zuloaga Mañueco, que se cuenta entre las víctimas de los abogados del Estado. Manuel Santamaría Andrés entre los catedráticos de Instituto. Aquilino Huerta del Río en el Ayuntamiento y otros tantos. Ahí residía la idea, porque las víctimas no fueron elegidas al azar. Así funciona el terror, como si se tratara de «una inevitable, aséptica y quirúrgica amputación que evitará que el cáncer se extienda por todo el cuerpo [o nación]», según palabras de los militares sublevados.

El caso es que este abogado del Estado (defensor de Alfredo Nistal, líder de la Revolución del 34 en León, y cuñado de José Pallarés Torres), realizó donaciones a la causa sublevada. Se le detecta en los archivos ofreciendo una segunda ‘donación’ de 250 pesetas (otras 200 ya las había entregado el 10 de agosto) a la ‘Suscripción’ el 24 de agosto.

Sin embargo, una semana más tarde un grupo de hombres vestidos de falangistas lo van a buscar y lo sacan de la casa de su cuñado José Pallarés Torres. Esteban Zuloaga, que había sido el abogado defensor del líder de la Revolución de Octubre en León, Alfredo Nistal, aparece muerto en una cuneta con once impactos de bala.

La noticia del asesinato conmociona a la ciudad. Hasta Roa de la Vega lo indica en su diario personal: «Viernes, 4 de septiembre. Aparece en la carretera de San Andrés el cadáver de Zuloaga muerto la noche anterior. D.E.P.»

Juan Manuel Roa, hijo de este ex alcalde monárquico Francisco Roa de la Vega, escribió en en su libro ‘La memoria olvidada’ lo que ocurrió con él en las páginas 339 y 340: «Tal fue el caso del Abogado del Estado don Esteban Zuloaga, que sufrió el más humillante de los paseos, por no hacer caso a los consejos que le dio mi padre, al que le llegó el soplo de que D. Esteban no se recataba de hablar en cualquier parte reprobando en voz alta las atrocidades que en León secometían. Fue el mes de agosto del 36 cuando más cadáveres aparecían en las carreteras leonesas, y en el que mi padre se presentó en casa de Zuloaga, que también tenía su familia en zona roja, para decirle que las tropas nacionales no tardarían en conquistar San Sebastián, donde veraneaban su mujer y sus dos hijas, en una situación parecida a la nuestra. Le aconsejó, sin poder disimular el apremio, que saliera de León lo más pronto posible y se instalara en cualquier pueblo guipuzcoano próximo a la capital, para poder entrar en ella detrás de los soldados, como él también pensaba hacerlo cuando se acercasen a Celorio, pero añadió: «Tú debías quedarte en San Sebastián durante el mayor tiempo posible, prolongando el veraneo con Maravillas y las niñas, ya que no tienes hijos en el frente que te den preocupación, así podrás volver a casa cuando esto se apacigüe».

«No era fácil engañar a un hombre tan inteligente y suspicaz como era don Esteban Zuloaga; ¿pero qué te crees?, respondió, ¿piensas que me van a matar? No hubo manera de convencerle de que en León corría un serio peligro, y mi padre fue a decirle a D. José Pallarés, cuya esposa era hermana de doña Maravilla [quiere decir Enriqueta], para ver si ellos conseguían vencer la tenacidad de su cuñado, porque estaba seguro de que su compañero y amigo corría un gran peligro. No pudieron con él […]. Don José Pallarés, llorando, se lamentaba de que no hubiese hecho caso del consejo de mi padre».

El asesinato a tiros de un abogado del Estado, que no parecía ser enemigo declarado sino simple servidor de la Administración, demuestra que cualquier excusa era válida para las ejecuciones extrajudiciales. Sólo haber defendido al líder de la Revolución del 34 en León, aparte de otras circunstancias y odios personales, serviría para condenarlo. Y, de paso, atenazar a toda la población leonesa para que se mantuviese sumisa a la nueva ‘causa’.

El ‘terror’ de los falangistas y la Guardia Civil

Por los archivos se conoce que los grupos incontrolados de falangistas, requetés, miembros militarizados de la CEDA e incluso grupos formados por los propios militares, se dedicaban a protagonizar todo este tipo de razzias contra «el adversario», cumpliendo órdenes, por acción directa u omisión, del Gobernador Militar. Lo que conocemos como policía, dependía del Gobierno Civil y de la Delegación de Orden Público. Las cúpulas policiales, al igual que el Gobierno Civil, estaban militarizadas. En León, la cúpula de la Guardia Civil formaba parte de los cuadros de Falange; es el caso de Luis Medina Montoro, donde ya tenemos constatación de su militancia en Jaén, de donde era nativo.

Un documento sobre Serapio Pedrejón nos demuestra cómo se solicita información sobre una persona a la que, como en muchas de las ejecuciones de ésa época, se la ha eliminado sin procedimiento alguno.

Las muchas autoridades que lo han eliminado son incapaces de tener constancia documental sobre el crimen, por lo que especulan con la posibilidad de que haya sido ejecutado valiéndose de la única fuente que poseen, que es la declaración de los funcionarios hecha a su mujer. Y escriben años después un documento ultrajante.

Este tipo de situaciones son las que impiden a los historiadores cuantificar el número de personas asesinadas. Serapio Pedrejón de la Fuente no aparece en ninguna lista de presos de San Marcos, ni de fusilados, ni de procesados. Sin embargo fue de los primeros en sufrir la más radical de las represiones. Como se constata en el documento, otra vez se repite el patrón sobre la actuación de la Guardia Civil, que es quien lo detiene y quien presuntamente se ‘deshace’ de él a los pocos días. Así funcionaba la máquina del terror.

Esta primera etapa de violencia dará paso en 1937 a otro tipo de ejecuciones ‘regulares’, que son las de las sentencias de muerte producidas tras juicio militar, y en especial sobre todos los huidos a zona ‘roja’ que lucharon en los frentes de batalla y que son capturados cuando cae el Frente Norte en octubre de 1937.

Javier González Fernández Llamazares, autor de ‘Crónicas de la burguesía leonesa. Sobre un episodio de la Guerra Civil en León’ y de ‘Los leoneses que financiaron a Franco’ es el gestor de los documentos del archivo de la Fundación Banca Fernández-Llamazares y uno de los investigadores más prolíficos y novedosos en España sobre la Guerra Civil Española, ya que está aportando datos con documentos nunca vistos hasta ahora en la historiografía de aquel conflicto que desmontan muchas de las versiones que hasta ahora se habían dado como lo que realmente había ocurrido.

http://www.ileon.com/historia/guerra_civil/065744/los-paseos-en-leon-en-1936-los-asesinatos-de-los-abogados-fuertes-y-zuloaga#