Andalucía dotará a la ley memorialista con un presupuesto de 10 millones de euros para su desarrollo

 

Juan Miguel Baquero

La «nueva política pública acorde con el derecho internacional» pasa el corte y encara el trámite parlamentario en plena crisis por el posible adelanto electoral en la región.

El texto legal extiende el concepto de víctima a familiares, niños robados e internados en campos nazis y amplía el horizonte temporal desde el 14 de abril de 1931 a enero de 1982, incluyendo así la Transición.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que pasará a ser debatida en el Parlamento andaluz. La normativa establece un régimen jurídico para las víctimas del franquismo y llega abrazada a dos claves: que ninguna fosa quede sin abrir y un presupuesto de 10 millones de euros para su desarrollo. La futura ley pasa el corte en plena crisis por el posible adelanto electoral y finiquitará el trámite parlamentario… si la «estabilidad» del Gobierno regional lo permite.

El texto «supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor», según el Ejecutivo autonómico. Con una idea fija: «que cicatricen las heridas, no pretende reabrirlas sino cerrarlas definitivamente para todos». Así, con esta «nueva política pública acorde con el derecho internacional» Andalucía responde «a los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y no repetición».

«Ninguna fosa en suelo andaluz quedará sin abrir ni ningún cuerpo sin rescatar si así lo piden las familias», señala el vicepresidente autonómico, Diego Valderas. Es la primera vez que el Estado, a través de la Junta de Andalucía en este caso, asume la exhumación directa de los asesinados por el franquismo. Y amplía el «compromiso» al plano del presupuesto con una memoria económica que alcanza 10 millones de euros en cinco años, a diferencia «del Gobierno Central que ha dejado de aplicar de facto la Ley de Memoria Histórica de 2007 al suprimir las dotaciones presupuestarias para su desarrollo».

¿Hay fecha de aprobación, plazos, llegará la culminación del proceso antes de las municipales, dará tiempo si hay adelanto electoral? «No tiene por qué llegar a mayo –el trámite parlamentario–, entre febrero y abril hay el tiempo suficiente para que el Gobierno de Andalucía apruebe ésta y otras leyes», responde Valderas. ¿Colma la ley las aspiraciones depositadas al inicio del proceso? «Hubiera preferido ir más allá pero tenemos el marco máximo que la Constitución y el Estatuto de Autonomía nos permite», sostiene.

Memoria democrática en todos los niveles educativos

Para Valderas, se trata de una ley «potente» fruto del acuerdo de Gobierno PSOE e IU que cumple «demandas del movimiento memorialista» y «puede verse mejorada en el Parlamento con la aportación de todos los grupos políticos». Ahí, en el debate en la Cámara andaluza, habrá una «participación máxima, con asociaciones y personalidades del mundo de la memoria».

Entre otras novedades, el texto extiende el concepto de víctima a familiares, niños robados e internados en campos nazis. También el horizonte temporal, que abarcará desde el 14 de abril de 1931 –día de la proclamación de la II República– e incluirá la Transición, hasta el 11 de enero de 1982. E impulsará, la Junta, actuaciones para hacer partícipes de «medidas de reconocimiento a las organizaciones beneficiadas» por la realización de «trabajos forzados».

La elaboración de un mapa de fosas –en Andalucía existen alrededor de 620 y se ha actuado en apenas una décima parte– es otro punto principal de la apuesta legislativa. Como la ampliación a todos los niveles educativos de la incorporación de la Memoria Democrática, con contenidos basados «en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica». O un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que tendrá carácter público, un Catálogo de Lugares de Memoria Democrática, un banco de ADN o el reconocimiento al trabajo de los colectivos memorialistas.

El régimen jurídico que reconocerá a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista llega con el «respaldo» del Consejo Consultivo de Andalucía que, sin embargo, establece varias «recomendaciones». Caso de la eliminación del apartado de la desaparición forzosa «para evitar confusiones con el término genérico de víctimas» y la eliminación de la expresión «anulación de sentencias» de los tribunales franquistas, que no es posible por «obstáculos jurídicos» según el Consultivo aunque la ley estatal declare su «ilegitimidad».

Régimen sancionador y simbología fascista

«Se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo». La futura ley es clara en cuanto a la sanción de la exhibición de simbología fascista que se amplía «a cualquier tipo de manifestación», apuntaba el vicepresidente andaluz.

Además, a diferencia de la Ley de Memoria Histórica, no considera que puedan concurrir «razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura». De lo contrario, la Junta de Andalucía efectuará la retirada «subsidiariamente» de esos símbolos. El régimen sancionador afecta también a las «excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas», con multas de 10.001 a 150.000 euros.

La Junta establece un protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los restos hallados en fosas comunes, de obligado cumplimiento y en concordancia, señalan, «con lo establecido por Naciones Unidas». La apertura de fosas llegará «a petición de los familiares y con la colaboración de las instituciones», subraya Diego Valderas. En estas localizaciones e identificaciones, la Administración Autonómica denunciará «ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad».

http://www.eldiario.es/andalucia/Ley-Memoria-Democratica-Parlamento-quedara_0_347866212.html