El actual debate en España sobre Monarquía o República expresa una consolidación de la cultura democrática

 

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2014).- El anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos I ha levantado una tempestad política en España. El 25 de mayo se desataron los truenos por los resultados de las elecciones europeas, donde los dos partidos mayoritarios del país, PP y PSOE, no consiguieron llegar, sumando sus resultados, al 50 por ciento de los votos emitidos. Y ahora, a la crisis del modelo bipartidista se ha sumado el debate sobre la propia estructura del Estado: Monarquía o República.

Es un debate que está en la calle, con masivas manifestaciones desde el mismo día 2 de junio en que el rey anunció que abdicaba en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Pero los dos partidos mayoritarios, populares y socialistas, han acordado aprobar la ley que permitirá al rey abdicar en su hijo y rechazan la posibilidad de convocar un referéndum que permita a los ciudadanos decidir si quieren dar continuidad a la Monarquía, proclamando rey a Felipe VI, o si prefieren que la abdicación dé paso a una República en la que el Jefe del Estado sea elegido en las urnas.

Esta situación, que pone en cuestión la aparente normalidad del sistema político resultante de la transición de la dictadura de Franco a la democracia, puede resultar sorprendente vista desde fuera de España, cuya imagen está marcada por el discurso oficial que proyecta el Estado, pero no lo es para los ciudadanos españoles y, mucho menos, para quienes vivieron la transición política que condujo a la actual Constitución monárquica, aprobada por referéndum en 1978.

El rey Juan Carlos I fue designado heredero por el dictador Franco y a la muerte de éste fue proclamado monarca en 1975 por las Cortes del régimen franquista. La llegada de la democracia en 1977 se hizo bajo la permanente amenaza de un golpe de estado militar (una amenaza real, como demostró el fallido golpe de 1981 en el que un grupo de guardias civiles secuestró al Gobierno y al parlamento) y bajo dos condiciones impuestas: no discutir la Monarquía impuesta por Franco y no exigir responsabilidades por la represión franquista. Así nacieron la ley de amnistía, en la que los represores amnistiaban a los opositores del delito de luchar por la libertad y se auto-amnistiaban de sus propios crímenes, y la Constitución del 78.

En el referéndum del 78 no se pudo votar entre Monarquía o República porque el dilema en realidad era entre democracia y dictadura. Así lo entendió la mayor parte de la izquierda, socialistas y comunistas incluidos, que aun siendo republicana apoyó la constitución monárquica. Desde entonces se ha venido hablando de la paradoja de que la Monarquía española estuviera básicamente apoyada por republicanos.

Casi 40 años después, parece haber llegado la hora de resolver esa paradoja. Al menos es lo que proponen los partidos situados a la izquierda del PSOE e incluso una parte de los militantes socialistas.

La República, sin embargo, no es una ideología sino una forma de organizar el Estado. Otros países que son repúblicas han tenido presidentes derechistas, como Sarkozy en Francia, o George Bush en Estados Unidos. El que la reclamación republicana en España provenga hoy en primer lugar de la izquierda tiene que ver con el hecho de que la derecha democrática española tiene su origen en políticos reconvertidos provenientes del franquismo, como el que fuera ex ministro de Franco y fundador y presidente de honor del Partido Popular, Manuel Fraga. Y la principal herencia política del franquismo fue precisamente la reinstauración monárquica.

El reinado de Juan Carlos I, por las circunstancias excepcionales en que se instauró, ha tenido para muchos ciudadanos un carácter de excepcionalidad. Un paréntesis necesario para consolidar una democracia que nació en libertad condicional, vigilada por el poder militar. En ese sentido, el actual debate sobre Monarquía o República expresa una consolidación de la cultura democrática y sobre todo la pérdida del miedo colectivo heredado de la dictadura.

Sin embargo, no basta para explicar la pujanza con que se manifiestan hoy las ideas republicanas y, sobre todo, el descrédito en que ha caído la institución Monárquica. Según la última encuesta oficial del CIS de abril de 2014, los ciudadanos le dan una nota de 3.72 confirmando por segundo año consecutivo que atraviesa la peor valoración de su historia, muy por debajo del cinco que es la nota de aprobado.

Junto a los propios errores del rey —rodeado de escándalos económicos en su familia y poseedor de una inexplicada fortuna privada de más de dos mil millones de dólares en un país en crisis—, hay que considerar el papel que juega la otra herencia del franquismo, la ley de amnistía, en la propagación de la idea de poner fin al paréntesis monárquico. Porque esa ley es la que invocan jueces y gobierno para impedir que las víctimas del franquismo puedan reclamar justicia.

En España, según informó en octubre de 2013 la asociación judicial española Jueces para la Democracia, hay 114 mil desaparecidos, víctimas de las matanzas perpetradas por las tropas franquistas en las zonas que ocuparon durante la guerra civil y por las ejecuciones llevadas a cabo por guardias civiles y militantes fascistas de la Falange Española en los primeros años de la posguerra. Eso convierte a España en el segundo país del mundo en número de personas desaparecidas, después de Camboya, y muy por delante de las cifras de desapariciones producidas por las dictaduras militares de Chile y Argentina.

Sin embargo, las autoridades obstaculizan que los familiares de los ejecutados exhumen los cadáveres de las fosas comunes que se van localizando para darles un entierro digno, mientras los jueces se desentienden de esos hallazgos, como si encontrar un enterramiento ilegal con decenas de cadáveres no debiera producir investigación judicial alguna. Los restos de Franco reposan mientras en el monumental monasterio de El Escorial, construido por prisioneros antifranquistas que fueron usados como esclavos en ese caso y en otros trabajos fabriles y que hoy reclaman infructuosamente una reparación por dicha esclavitud. Un monasterio, símbolo del franquismo, que es precisamente el que elige para retirarse a meditar el actual ministro del Interior de España, el ultra católico Jorge Fernández Díaz. Mientras, las víctimas de torturas de la policía política franquista tienen que acudir a un juez en Argentina en busca de la justicia que la Justicia española les niega, una Justicia que también ha denegado la extradición solicitada de conocidos torturadores policiales y militares.

Que la democracia española, que ha sido capaz de defender a las víctimas del terrorismo de ETA, haya sido incapaz de reparar a las víctimas del terror franquista aparece como prueba de carga contra una Monarquía reinstaurada por el dictador. La Historia es tenaz y la sombra de las víctimas del franquismo ha terminado por oscurecer a una institución que, al ser símbolo del estado, encarna a los ojos de buena parte de la ciudadanía un sistema político necesitado de urgente regeneración. Un 67 por ciento de los electores españoles de hoy no había nacido o no tenía edad de votar cuando se votó la Constitución monárquica. Hoy muchos de ellos quieren poder hacerlo.

http://www.informador.com.mx/suplementos/2014/533183/6/la-sombra-de-las-victimas-del-franquismo-oscurece-la-monarquia.htm