El alcalde remitió a Luciano Varela una moción del Concello en la que, según la Fiscalía, se intima de forma ilegal al magistrado

 

JOSE LUIS JIMÉNEZ / FERROL

Día 28/11/2010

El alcalde de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri, tendrá que prestar declaración mañana en la sede de la Fiscalía de área de la ciudad departamental por un presunto delito de atentado contra la independencia de los jueces cometido por el Concello que él preside, después de que en el mes de marzo se aprobase una moción de apoyo al juez Baltasar Garzón que realizaba diversas consideraciones al magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, que instruye la causa abierta contra aquél por su supuesta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo.

Impulsado por Izquierda Unida —y con los votos favorables de los concejales de ésta formación, PSOE y BNG—, el pleno del Ayuntamiento ferrolano adoptaba el pasado 25 de marzo un acuerdo en el que, entre otros puntos, «exigía» al juez instructor que las víctimas del franquismo pudieran personarse en la causa por presunta prevaricación abierta contra Garzón. Igualmente, se «exigía» también en la moción al Consejo General del Poder Judicial que actuase «con absoluta imparcialidad en el presente asunto, sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Garzón mientras no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan».

Según el escrito de diligencias preprocesales remitido en octubre por el fiscal jefe Román Ruiz a la Fiscalía Provincial de Madrid, el contenido del texto municipal puede ser entendido como una presión o una intromisión indebida en el libre ejercicio de la función jurisdiccional, y da por hecho que podría crear inquietud o perturbación en el magistrado Varela. Para el Ministerio Público, las exigencias recogidas en el acuerdo van más allá del ámbito institucional y en este sentido alude al artículo 508.2 del Código Penal.

En él, se tipifica como delito la intimación —esto es, la exigencia del cumplimiento de algo— a un juez o magistrado en relación a un proceso de su competencia. La pena contemplada es prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años. Indica el fiscal que el responsable incidiario de este delito sería el alcalde de Ferrol, dado que fue quien firmó el oficio dirigido a Varela.

Investigación del fiscal

Pese a que la moción conminaba a «dar traslado de la siguiente propuesta de acuerdos a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial», Vicente Irisarri remitió con fecha de 15 de abril la resolución personalmente a Luciano Varela, con el encabezado de «para su conocimiento y a los efectos oportunos», un hecho determinante para el Ministerio Público.

La Fiscalía de Ferrol estima que el acuerdo municipal podría fundamentar una petición de amparo al CGPJ e incluso una sanción por atentar contra la independencia del instructor. Bajo el amparo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —que faculta a los jueces o magistrados «que se consideren inquietados o perturbados en su independencia» a comunicar tal situación al CGPJ—, Varela trasladó el escrito a la Sala Segunda del Supremo, y ésta a su vez a la Fiscalía, el órgano competente de «promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial». La Fiscalía Provincial de Madrid remitió el caso a Ferrol, desde donde se firman las conclusiones de las citadas diligencias preprocesales. A Irisarri, que deberá comparecer mañana ante el fiscal jefe de Ferrol, se le informa que deberá acudir con su abogado.

http://www.abc.es/20101128/comunidad-galicia/irisarri-declarara-ante-fiscal-20101128.html