La investigación tratará de averiguar si existen indicios de delito en el conjunto de sus historias y si éste aún no ha prescrito

 

MIGUEL DOMINGO GARCÍA mgarcia@lavozdigital.es

Apenas tienen pruebas, sólo sospechas, pero las familias que han denunciado públicamente en La Línea y Cádiz haber sido víctimas del robo de bebés en los hospitales de ambas ciudades durante el régimen franquista, piden que este delito sea investigado y se arroje luz sobre este misterio, aunque sea 30 años después. Hace una semana el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, anunciaba su intención de llevar a cabo esta investigación de oficio y, durante el próximo mes de julio, se llamará a declarar a cada una de las 12 familias que han denunciado públicamente casos similares en el Campo de Gibraltar. Todos ellos coinciden en denunciar que en los años 60 y 70, los médicos del hospital de La Línea declararon la defunción de sus hijos de manera poco clara o sin documentos que la avalasen, y sospechan que los niños siguen vivos.

El objetivo de las comparecencias ante la Fiscalía es conocer las historias de boca de los afectados de las supuestas desapariciones -bien sean los padres o los hermanos de los niños fallecidos quienes han tomado la iniciativa-, para determinar si hay indicios de un posible delito: ya sea el robo de los bebés o la falsificación de los certificados de defunción de los niños. Si el fiscal no encuentra ciertos indicios -ni siquiera se buscan aún las pruebas-, el caso podría ser archivado. Sin embargo, aunque existieran esas sospechas fundadas, como ya advirtieron desde la Fiscalía, es posible que las infracciones cometidas hayan prescrito después de 30 años.

Aún no hay fechas concretas ni llamamientos concretados, aunque la intención de la Fiscalía -según explicaba ayer Cisneros- es concluir las testificales antes de que finalice el mes de julio. El primer escollo para lograrlo es, para empezar, localizar a cada uno de los familiares, ya que ninguno ha denunciado aún los hechos.

Aparte, el fiscal ha tenido que solicitar la ayuda de otras fiscalías provinciales, como la de Guipúzcoa, para que se tome declaración allí a los afectados que no residen en la provincia de Cádiz, como les ocurre las hermanas Cristina y Flor Díaz Carrasco, que fueron las primeras en sacar a la luz las sospechas de robos de bebés. En su caso, denunciaron públicamente las supuestas desapariciones de dos hermanos (uno en 1972 y otro en 1976), uno de los cuales ni siquiera sabían que había muerto.

Ambas hermanas se educaron y aún residen en Irún, aunque sus padres -emigrantes andaluces- viajaron a La Línea, de donde era natural el padre, para dar a luz. Cuando hace años volvieron a la provincia a enterrar a su progenitora en la ciudad linense, las hermanas comprobaron que el nombre de uno de los bebés fallecidos no aparecía en el registro de inhumados en los años 70. Por su parte, en el informe de nacimiento de Flor aparecían las letras «H-V», que les hicieron pensar en que quizá tuvo un gemelo varón, del que nunca tuvieron noticias. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar.

Aparte de los supuestos afectados de la localidad linense, los cuatro casos que han aflorado con historias parecidas en la comarca de la Bahía de Cádiz, entre pacientes del antiguo hospital Zamacola y de la residencia de San Rafael -que atendía los nacimientos mientras se construía el actual Puerta del Mar-, siguen a la espera de ser llamados por la Fiscalía de Cádiz, para que inicie una investigación paralela en esta comarca.

http://www.lavozdigital.es/jerez/v/20100630/ciudadanos/fiscalia-llamara-julio-declarar-20100630.html